La revocación será puerta de entrada para la reforma que acabaría con el INE.


Por Enrique Quintana (El Financiero)

Este fin de semana, el presidente López Obrador ratificó su determinación de buscar una reforma constitucional político electoral, aunque no detalló cuál sería su contenido.

El propósito, señaló, es que de una vez y para siempre se acaben los fraudes a la voluntad popular, y se tengan jueces y autoridades imparciales.

Con esa afirmación, lo que implica es que él no cree que los jueces y autoridades actuales sean imparciales o que lo hayan sido en el pasado.

Su visión es que si ganó las elecciones del 2018, no fue gracias al sistema electoral que tenemos, que le aseguró elecciones imparciales, sino más bien, a pesar de él.

Con esa visión, no resultó extraño que más haya tardado el INE en resolver el número de casillas que se instalarían para la consulta (57 mil 377 ) que Morena en descalificar la convocatoria, señalando que el INE ha hecho un boicot sistemático a la consulta.

El viernes pasado, finalmente, se definieron las bases para la realización de este ejercicio. Como era previsible, al no existir un incremento en el presupuesto para el Instituto, se tuvo que reducir a una tercera parte el número de casillas respecto a las que se instalan en una elección federal.

Los consejeros pudieron tomar esta decisión a partir de la resolución del ministro González Alcántara que estableció que no tienen responsabilidad legal por no instalar el número de casillas que establece la ley en virtud de que no contaron con los recursos financieros necesarios.

Previamente, otra resolución de la Corte había establecido que la promoción de la consulta no puede ser realizada por los partidos políticos. El derecho constitucional que se estableció tiene el espíritu de que sean los ciudadanos los que demanden que se someta a consulta que el presidente de la República deje su cargo anticipadamente.

Morena protestó de inmediato esta resolución ya que sabe perfectamente que no hay grupos de ciudadanos demandando la salida del presidente López Obrador de su cargo, sino un partido político operando la intención presidencial de conseguir respaldo.

De acuerdo con la experiencia del 2021, cuando se efectuó la consulta sobre el juicio a los expresidentes, no es de esperarse que la participación ciudadana sea abundante.

El año pasado acudió a las urnas poco menos del 7 por ciento del padrón electoral. Aún suponiendo que esta consulta genere más interés de la ciudadanía será muy difícil que acuda una cifra superior al 16 por ciento de del total de la lista nominal.

La encuesta de El Financiero estima por ahora una participación que podría fluctuar entre el 16 y el 24 por ciento.

Obviamente, es de esperarse que el porcentaje de electores que pida la continuidad del presidente hasta el fin de su periodo sea superior al 90 por ciento de los que participen.

López Obrador y Morena señalarán que ese resultado y el mero hecho de que se haya efectuado la consulta serán una muestra del respaldo de la gente al presidente.

La oposición, en cambio, lo que señalará es que el apoyo al presidente va menguando pues de los 30 millones de 2018, se habrá pasado a un respaldo de la tercera parte.

Tal vez como secuela de este proceso, en el periodo ordinario de sesiones que comienza en el mes de abril se pretenda enviar la iniciativa de reforma de la que habló el presidente.

Aunque será muy difícil que una iniciativa de ese tipo prospere ya que requiere mayoría calificada que por lo pronto no tiene el presidente en ninguna de las dos cámaras, será expresión de que ha comenzado la temporada electoral y de que Morena empezará a buscar las condiciones para ganar nuevamente la elección presidencial del 2024.

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