Guatemala: Contracorriente


El país centroamericano va contra el matrimonio igualitario y el aborto en su próxima sesión ordinaria.

Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias, el Parlamento de Guatemala aprobó la noche del martes la ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.

La ley que endurece las penas para el aborto y la prohibición del matrimonio igualitario, así como sanciones por incluir en la educación temas sobre la diversidad sexual generó el rechazo de un sector de la población, mientras el oficialismo designó a la ciudad de Guatemala la “Capital Provida de Iberoamérica”.

La norma también amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y, en consecuencia, la madre muere, delito que antes tenía una condena de 12 años de prisión.

La legislación guatemalteca exceptúa como no punible el aborto terapéutico, pero la nueva ley establece más requisitos para que esta excepción se aplique.

La aprobación va en camino contrario a lo que han hecho otros países en Latinoamérica como Colombia, que el mes pasado amplió el acceso al aborto cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo. En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el aborto no era un delito y que era inconstitucional castigarlo, y en enero del año pasado entró en vigor en Argentina una ley que permite el aborto electivo hasta la semana 14 de embarazo y más allá en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. La norma fue aún más significativa porque el papa Francisco es argentino.

La ley también incluye prohibiciones como la del matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo.

Cristian González, de Human Rights Watch, dijo que la norma es “peligrosa” y “representa una amenaza a los derechos de las mujeres y personas LGBT en el país”.

Además de la nueva ley, el gobierno sumó el miércoles la declaración del país centroamericano como Capital Provida de Iberoamérica y la celebró este 9 de marzo, Día de la Vida y la Familia, según otra norma aprobada por el Congreso en febrero.

Fuente: El Financiero

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