No hay plan B contra la inflación


Por Enrique Quintan (El Financiero)

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al Banco de México buscar otra opción para controlar la inflación que no fuera el aumento de las tasas de interés.

Esto ocurrió el viernes pasado, tras el alza de 0.75 puntos porcentuales, la mayor alza individual desde que se usa este instrumento.

Señaló el presidente qué “hay técnicos que se creen científicos” en abierta alusión a banqueros centrales que han establecido en los últimos meses este ciclo alcista en las tasas.

Parafraseando, tal vez se podría decir que hay políticos que creen entender la economía cuando no comprenden nada.

Afortunadamente, por lo menos hasta ahora, las sugerencias del presidente de la República no han tenido eco en el Banco de México.

Los integrantes de su Junta de Gobierno, hasta ahora, han asumido su autonomía y han tomado decisiones responsables sin aceptar presiones del gobierno federal.

No es sólo el presidente López Obrador el único que quiere que la inflación se controle sin tener que recurrir al expediente de incrementar el costo del dinero.

Seguramente no habría ningún político en el mundo que no quisiera eso para evitar costos económicos y políticos.

Resulta que después de la pandemia muchos países tienen deudas públicas sumamente elevadas y el incremento del costo del dinero conducirá a que los costos financieros que se paguen por dicho endeudamiento sean cada vez mayores.

Solo por poner algunos ejemplos emblemáticos, la deuda pública de Estados Unidos equivale a 134 por ciento de su PIB; la de Japón, 259 por ciento; la de Alemania, 69.3 por ciento; la de Brasil, 99 por ciento; o la de Canadá, 112 por ciento.

En el caso de México, el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB se encuentra entre los más bajos de los países emergentes y es ligeramente mayor a 50 por ciento.

No obstante ese nivel relativamente bajo, el incremento de las tasas produce un mayor costo financiero.

El pago de intereses, comisiones y gastos financieros en los que incurrió el gobierno federal en abril de este año fue 37.2 por ciento superior en términos reales al del mes del año pasado e implicó un desembolso adicional de casi 9 mil millones de pesos en el mes.

Ese hecho limita la disponibilidad de recursos para otros propósitos.

El problema es que aunque el alza de tasas no puede ser todo, no existe otro recurso al alcance para detener la inflación en estos momentos.

En circunstancias excepcionales como las que tuvimos a mediados de los 80 en el siglo pasado cuando la inflación llegó a tres dígitos, se pudo recurrir a programas heterodoxos como los pactos que implicaron el congelamiento de precios y salarios mediante acuerdos entre los sectores económicos.

Hoy, por cierto, una de las preocupaciones mayores es que las revisiones salariales contactuales asuman una inflación de 7 u 8 por ciento y al darse esos incrementos, arraigue el proceso inflacionario generando una espiral de precios y salarios, en la cual, como casi siempre, los que llevan la peor parte son los trabajadores.

Los bancos centrales han recomendado sistemáticamente y desde hace años, lo que parece un descubrimiento del presidente de la República cuando dice que debe ponerse énfasis a la producción.

En particular, el Banco de México, desde hace años, ha recomendado insistentemente en que se desarrollen políticas públicas para permitir una mayor inversión y con ello un mayor crecimiento de la productividad y por ende de la producción.

El problema es que lo que el actual gobierno ha hecho ha sido instrumentar medidas que han conducido al freno de la inversión.

En muy diversas ocasiones le he comentado en este espacio que el nivel de inversión que hoy tenemos es inferior en 11.4 por ciento al que teníamos en promedio en el año 2018.

En esa condición, no es de esperarse que haya un mayor crecimiento de la economía.

No veo ninguna posibilidad de que el Banco de México pueda detener el ciclo alcista de tasas, que permanecerá hasta bien entrado el año 2023.

Y tampoco veo ninguna posibilidad de que el gobierno federal ponga en práctica políticas públicas que realmente alienten la inversión.

Así que la economía mexicana dependerá en buena medida de lo que suceda en el mundo.

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