Detrás del feminicidio de Ariadna


Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

El asesinato de la joven madre Ariadna Fernanda –que las autoridades están clasificando como feminicidio– provocó estupor en la ciudadanía de la capital federal, y una rápida acción de las autoridades para encontrar a los presuntos responsables del crimen. Pero en medio de la investigación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sin razones aparentes, politizó el caso y acusó al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, de “encubrimiento” y de tratar de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el asesino y la fiscalía estatal. Sheinbaum probablemente violó la soberanía de Morelos, pero hay razones de fondo: un conflicto político que está hundiendo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, aliado de la jefa de Gobierno, que el secretario de Gobernación no quiso resolver.

Sheinbaum asumió personal y políticamente el caso, “como mujer y gobernante”, porque ningún fiscal, aseguró, debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Se refería a la declaración de Carmona que, sobre la base de los peritajes realizados por la fiscalía de Morelos, dijo que el cuerpo de la joven no presentaba signos de violencia y que había muerto por broncoaspiración. La necropsia practicada por la fiscalía de la Ciudad de México establecía la muerte como consecuencia de “múltiples golpes”.

Las diferencias científicas acuerpan su ataque político. Blanco estará agradecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un cruzado contra todo lo bueno y malo del pasado, también.

Carmona fue nombrado fiscal de Morelos por la anterior legislatura local, durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, uno de los enemigos públicos de López Obrador. Como ha buscado hacer con el fiscal en Guanajuato, Carlos Zamarripa, López Obrador quiere que los gobernadores cabildeen con sus congresos para destituirlos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, ha defendido al fiscal, y el Congreso no ha actuado. Blanco no ha podido cabildear porque el Congreso local, incluidos varios legisladores de Morena, está en su contra, y no tiene los 14 votos que necesita para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes para destituirlo. Blanco sólo controla a cinco diputados de un total de 20.

La idea de Blanco y en Palacio Nacional es que Carmona responde a los intereses de Ramírez, a quien el gobernador Blanco ha buscado involucrar en actos de corrupción desde que llegó al poder en octubre de 2018, sin éxito alguno. El fiscal anticorrupción, Juan Salazar, tampoco fue un nombramiento de él, sino de Carmona, a quien en enero, después de que El Sol de Cuernavaca publicó una fotografía del gobernador con tres líderes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Comando Tlahuica, lo denunció en la Fiscalía General por una presunta campaña de desprestigio iniciada, supuestamente por él, en su contra.

A lo largo de todo el año la descomposición política y social en Morelos ha crecido. A principios de octubre fue asesinada la diputada Gabriela Marín Sánchez, cuyos respaldos políticos eran los hermanos Roberto y Julio Yáñez, quienes fueron los promotores de Blanco para que entrara a la política, de quienes se distanció desde que llegó a la alcaldía de Cuernavaca, bajo el cobijo del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ese asesinato provocó una nueva etapa del conflicto interestatal.

Seis días después del asesinato, 11 de los 14 diputados que conforman la mayoría opositora a Blanco en el Congreso estatal se presentaron en Palacio Nacional con la intención de hablar con el presidente López Obrador en la mañanera. Querían pedirle apoyo para Morelos que, en palabras del presidente de esa cámara, Francisco Sánchez Zavala, era un “estado fallido”. López Obrador no los recibió, pero los envió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El secretario habló con ellos, pero la reunión fue muy tensa. López les dijo que si no destituían al fiscal Carmona, no había nada qué hacer. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, intervino para que aquello no terminara en un enfrentamiento abierto, pero no hubo continuidad al ofrecimiento de que analizarían lo que estaba pasando en Morelos, donde las acusaciones cruzadas por presuntos vínculos con el narcotráfico no cesaban.

La falta de respuesta a su demanda provocó que los diputados volvieran al campo de batalla contra el gobernador, y lo golpearon en la discusión del presupuesto para el próximo año, que aprobaron con modificaciones que Blanco no quería. Es decir, votaron por un presupuesto que no deseaba el gobernador, porque no reflejaba lo que había propuesto. Aunque tiene la capacidad de veto, no ha querido hacerlo por algo que parece lógico. Blanco envió un presupuesto por poco más de 34 mil millones de pesos, pero si lo vetara, tendría que operar el próximo año con el presupuesto aprobado para este año de 31 mil millones de pesos.

El feminicidio de Ariadna Fernanda ha sido un pretexto de la clase política para ajustar cuentas entre ellos. Las declaraciones de Sheinbaum la hacen ver como una cruzada contra el feminicidio, pero su gobierno deja mucho que desear en esa materia. En el primer semestre del año, se habían registrado 45 feminicidios, convirtiéndola en la cuarta entidad con el mayor número de crímenes de este tipo, después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Y de manera sistemática, ha criticado y censurado las marchas feministas en la capital, donde la demanda es el fin de los feminicidios, criminalizando sistemáticamente esas protestas.

La posición de Sheinbaum sería loable salvo que es una impostura. De acuerdo con la experimentada periodista feminista, Sara Lovera, el feminicidio en el Valle de México está en máximos históricos, con incrementos notables en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. La jefa de Gobierno ha dicho que el feminicidio bajó 24 por ciento en la Ciudad de México, pero de acuerdo con Lovera, no es cierto. Incluso, agregó, no ha habido presupuesto durante su administración para prevención.

El lance de Sheinbaum contra Carmona es oportunista. Su intención es política, pero sobre todo, su ética es lamentable.

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