La cancillería de los Estados Unidos asegura que Estados Unidos si ha cumplido con los acuerdos internacionales

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró este lunes que su país ha transferido a 313 mexicanos buscados por la justicia como parte de un acuerdo de cooperación con autoridades mexicanas.

La declaración, publicada en sus redes sociales, llamó la atención porque contrasta con lo que ha señalado el Gobierno mexicano en los últimos meses: que Estados Unidos no ha entregado a ninguna persona mediante extradición durante la actual administración. Sin embargo, ambos procesos son distintos y tienen reglas completamente diferentes.EE. UU., fueron enviados a México?

De acuerdo con Ronald Johnson, la cifra corresponde a una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y autoridades mexicanas, mediante la cual 313 ciudadanos mexicanos con órdenes de aprehensión pendientes fueron trasladados a México para enfrentar procesos judiciales.

El embajador explicó que estas personas eran buscadas por delitos graves, entre ellos agresión sexual, homicidio y prostitución de menores.

Además, señaló que muchos de estos casos se han gestionado históricamente a través del Valle del Río Grande, una de las zonas fronterizas con mayor coordinación entre ambos países.

Por otro lado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos no ha concretado ninguna extradición hacia México.

Incluso, la presidenta ha pedido reciprocidad y en reportes se ha señalado que 269 solicitudes mexicanas de extradición presentadas desde enero de 2018 siguen sin resolverse por completo.

De ese total, 36 fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses y 233 continúan pendientes.

La mandataria ha cuestionado la disparidad entre ambos países y ha defendido la necesidad de mantener una relación basada en la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

La respuesta está en el procedimiento. La extradición es un proceso legal y diplomático que se realiza bajo tratados internacionales. Requiere pruebas, órdenes judiciales y permite que la persona tenga acceso a mecanismos de defensa, amparos y revisiones por parte de un juez.

En cambio, las llamadas transferencias son procedimientos administrativos o migratorios mucho más rápidos.

Otra diferencia importante es que, en una extradición formal, existen mayores controles para proteger los derechos humanos y evitar que una persona sea enviada a un país donde pueda enfrentar la pena de muerte.

En la mayoría de los casos, el mecanismo funciona a través de una deportación coordinada. Es decir, la persona no es detenida en Estados Unidos porque México la busca, sino porque violó las leyes migratorias estadounidenses, por ejemplo, al permanecer de manera irregular en ese país.

Durante el proceso migratorio, las autoridades detectan que existe una orden de aprehensión vigente en México o una alerta internacional. Entonces, en lugar de iniciar un largo proceso judicial, aceleran su expulsión.

Cuando la persona cruza la frontera, las autoridades mexicanas la reciben y ejecutan la orden de captura pendiente.

La principal razón es el tiempo. Una extradición puede tardar meses o incluso años, mientras que una deportación coordinada puede resolverse en cuestión de días.

Además, este esquema beneficia a ambos gobiernos: Estados Unidos retira de su territorio a personas con antecedentes delictivos y México logra detener a prófugos sin tener que esperar un largo litigio internacional.

Por eso, aunque en el lenguaje cotidiano se utilicen palabras como “transferir“, “entregar” o “enviar de regreso“, jurídicamente no se trata del mismo procedimiento que una extradición.

Fuente: El Universal