Una reflexión profunda sobre la violencia en nuestro país, la forma en cómo la vivimos y decidimos ignorarla

Por Juan Manuel Herrera Sosa (Catedrático de Derecho Constitucional)

Allá por 2017, durante un viaje de estudios a Uruguay, un querido amigo de aquel país me contó que la sociedad estaba conmocionada. Habían asaltado a una adulta mayor y, durante el robo, la hirieron con una navaja. La mujer se encontraba estable en el hospital, pero el hecho resultaba inconcebible para ellos. Esas cosas simplemente no ocurrían. Para colmo —me dijo con cierta incomodidad—, el agresor era un migrante mexicano.

Aquella conversación me hizo pensar en algo que, desde entonces, no he podido olvidar. En México hemos perdido nuestra capacidad de asombro.

Aquí, los cuerpos colgados de los puentes, los homicidios, los feminicidios, las fosas clandestinas y las personas descuartizadas comenzaron a ocupar un espacio tan habitual en las noticias que terminamos incorporándolos a la normalidad. Se anuncia una masacre, sentimos indignación durante unos minutos y después continuamos deslizando la pantalla.

La violencia nos fue anestesiando.

Y quizá esa sea una de sus victorias más perversas, pues no solamente nos arrebata vidas, sino que también nos quita poco a poco la capacidad de horrorizarnos.

Sin embargo, lo ocurrido esta semana en Atizapán, con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia, atravesó esa costra de indiferencia. Me impactó como hacía años no me impactaba una noticia.

Tal vez exista una empatía particular entre quienes amamos la música, pero esto va mucho más allá. Resulta difícil comprender que una persona a la que le brindas tu confianza, con quien compartes una relación comercial y a quien permites entrar en tu casa e interactuar con tu familia pueda utilizar precisamente esa cercanía para asesinarte a sangre fría.

No solamente a ti.

También a tu esposa embarazada. A tu hija de tres años. A la joven que trabajaba en tu hogar y que, como tantas personas que comparten la intimidad cotidiana de una casa, seguramente había terminado siendo parte de la familia. Incluso a la mascota.

Y hacerlo de esa manera. Maniatados. Ejecutados. Una niña de tres años asesinada con un disparo a corta distancia.

Hay momentos en los que el lenguaje jurídico resulta insuficiente. Hay hechos que no admiten tecnicismos, eufemismos ni palabras cuidadosamente escogidas.

Qué grandísimo hijo de puta.

Gracias a Dios, al destino o a lo que sea que haya que agradecer, las autoridades detuvieron rápidamente a dos personas relacionadas con el crimen. La información conocida hasta ahora revela algo todavía más perturbador. No habría sido un arrebato momentáneo, sino una conducta planeada. El músico incluso había advertido a un amigo que temía que algo pudiera ocurrir.

Las versiones difundidas señalan que el presunto agresor llevaba una pistola con silenciador, cintas para amarrar, guantes para evitar dejar huellas y otros objetos destinados a someter a las víctimas. No llegó desarmado. No llegó a improvisar. No fue una discusión que se salió de control. Entró a esa casa preparado para hacer daño y, aparentemente, dispuesto a matar con tal de encontrar el dinero que buscaba.

El recorrido previo, la preparación de los instrumentos, la elección del momento, el acceso a la vivienda aprovechando la confianza de la familia y la aparente motivación económica muestran lo que en las escuelas de derecho llamamos iter criminis, es decir, el camino del delito desde su concepción hasta su consumación.

Ningún latinajo alcanza para describir lo que significa entrar a la casa de alguien que confía en ti, amarrar a su familia, silenciar cualquier posibilidad de auxilio y decidir, conscientemente, colocar un arma frente a una niña de tres años y jalar el gatillo.

Si las pruebas confirman la acusación, seguramente será procesado y condenado. Probablemente pasará lo que le resta de vida en prisión o gran parte de ella, ojalá así sea.

Y pienso, en 2025, México ejerció más de 41 mil millones de pesos en sus sistemas penitenciarios y reportó alrededor de 231 mil personas privadas de la libertad. Una división sencilla arroja un costo promedio cercano a 178 mil pesos anuales por persona. No es una factura individual ni un cálculo perfecto, pero permite dimensionar el problema. Mantener a alguien durante treinta años en prisión representaría aproximadamente 5.35 millones de pesos actuales.

El equivalente a más de 53 mil comidas de cien pesos. Miles de medicamentos. Becas, tratamientos, apoyos o necesidades urgentes que todos los días quedan sin atender.

Sé que el costo económico no puede resolver por sí mismo un dilema moral. Pero, frente a crímenes como este, inevitablemente lo agrava.

Y lo admito con absoluta franqueza. Ante casos así, me seduce la idea de la pena de muerte.

Me cuesta aceptar que alguien capaz de arrebatar cuatro vidas, incluida la de una mujer embarazada y la de una niña de tres años, conserve intacto su derecho a vivir. Me cuesta comprender por qué una sociedad debe alimentarlo, custodiarlo y sostenerlo durante décadas con el dinero de quienes pagamos impuestos. Me cuesta aceptar que quien negó a otros hasta el derecho elemental de seguir respirando pueda exigir que el Estado proteja rigurosamente el suyo.

En la escuela de derecho nos enseñaron —y después algunos lo enseñamos— que la justicia, en los términos de Ulpiano, consiste en dar a cada quien lo que le corresponde.

Pero ¿qué le corresponde a quien fue capaz de hacer algo así?

Conozco las respuestas jurídicas. La dignidad humana no es un premio reservado para quienes se comportan correctamente. Los derechos no dependen de la simpatía que despierte una persona. El Estado no debe convertirse en verdugo. La pena de muerte es irreversible, los sistemas judiciales se equivocan y una sola ejecución de una persona inocente constituiría una injusticia irreparable.

Lo sé. Lo entiendo. Lo he explicado.

Y, aun así, hoy me cuesta aceptarlo.

La pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución no para declarar inocente al monstruo, sino para impedir que el propio Estado se convierta en uno. Esa es la explicación civilizatoria. Pero frente al cuerpo de una niña asesinada, incluso las respuestas jurídicamente correctas pueden sentirse moralmente insuficientes.

No pretendo resolver aquí una discusión que lleva siglos abierta. Escribo desde la frustración, desde el coraje y desde la incapacidad de comprender cómo un ser humano puede cruzar ciertos límites y después pretender refugiarse en las garantías de la misma sociedad cuyas reglas destruyó.

Pero, por encima de cualquier discusión jurídica, no puedo dejar de pensar en el niño que sobrevivió.

Un niño de apenas seis años que permaneció durante horas dentro de aquella casa. Solo. Esperando. Con su padre, su madre embarazada, su hermana pequeña y la mujer que los acompañaba todos los días sin vida. No sabemos cuánto vio, qué alcanzó a escuchar ni en qué momento comprendió que nadie iba a levantarse para ayudarlo. No sabemos si llamó a sus padres, si lloró en silencio mientras se escondía para que no lo mataran.

Hay imágenes que uno desearía poder apartar de la mente, pero esta no se va. Un niño esperando, en medio de un silencio imposible, a que alguien llegara a rescatarlo de la casa que, hasta unas horas antes, había sido el lugar más seguro del mundo.

Ojalá la vida encuentre alguna forma de devolverle todo lo que esa noche le arrebató. Ojalá reciba tanto amor que algún día pueda volver a sentirse protegido. Ojalá, a pesar de ese recuerdo, tenga la oportunidad de crecer, sonreír y construir una vida feliz.

Ojalá nunca permitamos que el horror se vuelva parte de nuestra normalidad.

Ojalá llegue el día en que ninguna familia tenga que vivir con miedo y en que podamos sentirnos verdaderamente seguros al lado de nuestros hijos.

Ojalá México encuentre, por fin, la paz que tanto necesita y que todos merecemos.