Veracruz: Impunidad y olvido


Por Manu Ureste y Nayeli Roldán (Animal Político)

Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción,documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.

La peste del sargazo: Un mal creciente


Texto original: Marú Ureste (Animal Político)

Jorge Reyes, restaurantero desde hace 30 años, cuando Playa Del Carmen aun era un puñado de casas de pescadores y no el emporio de cadenas hoteleras, condóminos, y centros comerciales que es hoy, cuenta que ha visto pasar todo tipo de desastres naturales por Cancún y la Riviera Maya.

El peor de todos, dice, fue el huracán Wilma, que hace casi 15 años barrió la Península de Yucatán dejando a su paso daños millonarios y la pérdida de miles de empleos en el sector turístico de Quintana Roo; estado mexicano que, en la actualidad, debe el 87% de su PIB y da trabajo a 450 mil personas gracias a la arena blanca y a las aguas azul turquesa de sus destinos más reconocidos a nivel mundial, como Cancún, Tulum, o Playa Del Carmen.

“El Wilma fue un desastre”, recuerda lacónico Jorge.

“Pero no se compara con el sargazo”.

El empresario lanza la sentencia mientras, a través de la ventana de su pequeña cantina de mariscos, una de las más antiguas de Playa Del Carmen, observa el agua sucia y espesa que llega a la orilla de la playa y está próxima al muelle desde donde parten los ferrys hacia la isla de Cozumel.

A continuación, para apoyar lo que acaba de decir, Jorge se levanta de la silla, sale a la terraza del restaurante, y señala hacia un montón de mesas que están vacías, a pesar de las generosas sombras que ofrecen unas palmeras.

“El aire apesta a sargazo”, murmura. A montañas de algas pardas y putrefactas que se acumulan en la orilla, y que el mar expulsa por toneladas para cambiar drásticamente la típica postal de playas paradisiacas por una enorme mancha de color café que se expande sin freno como una epidemia por hasta 32 países caribeños, incluyendo a México, debido al calentamiento global y a la contaminación sin freno de los océanos, entre otros factores.

Por eso su restaurante está vacío de turistas en plena temporada alta de vacaciones. Y por eso, desde 2015, cuando se produjo el primer gran arribo de sargazo a las costas del Caribe mexicano, su clientela ha ido subiendo y bajando drásticamente hasta este 2019; el año del ‘boom’ en el que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se proyecta recolectar hasta un millón de toneladas de esta alga maloliente; un 100% más que en 2018.

“Con esta peste, la gente llega y con las mismas se marcha a otro lugar”, dice Jorge, que explica que los turistas buscan alternativas en las zonas menos afectadas, principalmente en el norte de Quintana Roo, como Holbox, Isla Mujeres, Isla Contoy, Cancún, y también en varios puntos de Cozumel, la isla vecina.

Ahora, tras “una pésima” temporada de Semana Santa y un mal arranque de la de verano, Jorge asegura que no sabe cuánto tiempo más podrá soportar su negocio esta situación.

“El sargazo nos ha afectado más que el paso de un huracán. Cuando fue el Wilma, por ejemplo, nada más limpiamos y reparamos algunos daños, y a los tres días ya teníamos el restaurante lleno. Pero mira ahora cómo estamos”, concluye el empresario, que observa en silencio su terraza vacía de clientes.

Limpieza intensiva

Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, que es donde se encuentra Playa Del Carmen, admitió en una entrevista el pasado 9 de julio con Radio Fórmula, que la llegada por toneladas de sargazo es “algo atípico” para el municipio y para Quintana Roo, ya que “nunca había llegado de esta manera tan inmensa”.

Una situación anormal que, como expuso el restaurantero Jorge, está teniendo impacto en el turismo: hasta la primera semana de julio, la ocupación hotelera en Playa Del Carmen era del 84.2%, cuando lo común en temporada alta es el lleno total, admitió la alcaldesa, quien resaltó que para contrarrestar esta situación están haciendo a diario labores de limpieza con barcazas y con barreras de contención, y organizando brigadas de limpieza.

Además, desde mediados de junio, el municipio contrató a una empresa privada para que limpie siete kilómetros de playas públicas en Playa Del Carmen. En cuanto a las playas privadas, que son la mayoría, los grupos hoteleros dueños de las concesiones son los que asumen las tareas de limpieza, mientras que la Secretaría de Marina se encarga de la limpieza en alta mar, que es de jurisdicción del Gobierno Federal.

Verónica Rivera es la bióloga de Grupo Arco, la compañía contratada por el municipio de Solidaridad. En un recorrido por la playa pública, desde el Muelle de Ultramar, a la altura de la Avenida Juárez de Playa Del Carmen, hasta la playa del recodo, junto a otro muelle, explica que han instalado varios kilómetros de barreras flotantes en el mar, para contener el arribo de las manchas de sargazo, y redireccionarlo hacia “puntos de extracción” en la orilla, donde llegan a sacar hasta 100 toneladas por día, con picos de 150 y hasta 200 toneladas.

La recolección se hace con sargaceras, que son embarcaciones especialmente acondicionadas para limpiar las algas, o bien, ya en la orilla, con brigadas de empleados que con palas y rastrillos las depositan en carretillas para su extracción final. Y en las zonas muy afectadas, utilizan pequeñas excavadoras Bobcat con las que evitan el uso de maquinaria pesada para no erosionar y contaminar aun más las playas.

“Hace tres semanas, en esta playa había montañas de dos metros de sargazo y el agua estaba café. Y en diez días logramos estabilizar la situación. Si te fijas, ahora casi no tenemos sargazo”, subraya la bióloga.

Pero, si bien es cierto que la limpieza intensiva comienza a dar resultados -en varias zonas la peste a sargazo se redujo, e incluso hay bañistas en algunos puntos de la playa pública-, también lo es que esas labores, paradójicamente, están afectando también al turismo.

De hecho, en el recorrido por la playa pública que este medio hizo el 3 de julio, fue testigo de escenas que rozan el surrealismo, como turistas esquivando a las brigadas de limpieza en su paseo matutino por la orilla, o pequeños grupos de personas tratando de descansar en tumbonas, mientras los ruidosos Bobcats quitan el sargazo a unos pasos de distancia.

“Ya no pasa ni un americano”

Illit, que lleva 12 años trabajando en un hotel boutique situado en primera línea de playa, comenta que con este panorama lo normal es que, si bien les va, den entre cuatro o cinco masajes al día, cuando antes de 2015 llegaban a dar hasta 50 a 18 dólares la hora. Por eso ya no abre su pequeño negocio a las nueve de la mañana, sino hasta la una de la tarde

“Por aquí ya no ves pasar a ni un solo americano, porque se espanta de tanta peste y de tanta gente trabajando con las palas y carretillas”, dice la masajista con los brazos cruzados y sentada en un camastro que está, literal, a un par de metros de una montaña de sargazo.

Ariel Jesús Caballero también es masajista y su situación es muy parecida. Vestido completamente de blanco, permanece solitario bajo una pequeña sombrilla, mientras una excavadora Bobcat se emplea a fondo en sacar montones de sargazo de la orilla del mar.

“Antes, toda esta playa estaba llena. Pero ahora ya no tenemos a quién ofrecerle masajes y por lo tanto no ganamos propinas, que es de lo que vivimos”, plantea Ariel, quien añade que el sargazo también ha afectado a otro sectores, como a los Tricicleros que llevan las maletas de los turistas hasta el muelle marítimo para cruzar a Cozumel, y sobre todo a los meseros, que ante la falta de clientes y de propinas están buscando otros empleos.

José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística Mar Caribe, expone por su parte que “la epidemia” del sargazo también ha afectado a los dueños de embarcaciones turísticas.

“Del 100% del personal que trabajaba aquí con las embarcaciones, el 80% ha cambiado de ingresos. Es decir, están migrando; se van a municipios aledaños para conservar la chamba, o buscan otros empleo para tener mejores ingresos”, detalla.

Precisamente, José Gómez está en uno de los puntos de la playa pública más afectados y que se le conoce como ‘el recodo’; una pequeña bahía donde el sargazo se ha ido acumulando hasta convertirse en un pantano de aguas negras en el que una docena de lanchas y pequeñas embarcaciones chapotean en el lodo en espera de algún cliente, mientras las brigadas de limpieza trabajan a destajo.

“Esto es un cochinero, nunca habíamos tenido nuestra playa así”, espeta Gómez, quien critica que a pesar de “las cantidades estratosféricas” que gastó el gobierno federal pasado  en limpiar las playas -800 millones, según reveló el actual gobierno federal de López Obrador-, el sargazo continué acumulándose por toneladas en buena parte del estado y de Playa Del Carmen.

“Todos saldremos perdiendo”

La otra cara de la moneda, en cambio, puede apreciarse a unos cuantos kilómetros mar adentro, en Cozumel.

Allí, por la forma de la isla, y por las corrientes marinas y de aire, el sargazo tiende a acumularse en la parte este, desde Punta Molas hasta Punta Celarain, pasando por las playas Chen Río, San Martín, Bonita, Mezcalitos y Bush. Pero las zonas norte, sur, y oeste de la isla, permanecen limpias, desde Cozumel Norte y Centro, hasta El Cielo, Playa Mía, Palancar, y Chankanaab.

“En Cozumel tenemos dos frentes. De este lado, que está frente a Playa Del Carmen, la bahía nos protege y por eso las playas están limpias. Y eso nos ha beneficiado, porque el turismo de Playa Del Carmen se está viniendo para acá”, plante José Luis Álvarez, de la unión de taxistas de Cozumel.

Sin embargo, Álvarez se muestra preocupado por el continuo arribo de sargazo. De continuar así la situación, advierte, ni la fortuna de tener siempre un lado limpio les va a ayudar: “Si Playa Del Carmen sigue así de sucia, los turistas van a dejar de llegar. Y si no llegan a Playa, no tomarán el Ferry a Cozumel y, entonces, todos saldremos perdiendo”.

“Ni todos los días, ni en todas las playas, hay sargazo”: Turismo de Qroo

Ulises Gavia, director de Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) de Solidaridad, recalca que la situación de unos pocos kilómetros de playas públicas en Playa Del Carmen no es representativa de los más de 80 kilómetros de playas del municipio. Por ejemplo, apunta que otros puntos con Punta Maroma, Playacar, y la zona hotelera que va hacia Cancún, están limpios de sargazo.

Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de Quintana Roo, coincide con el director de Zofemat y va un paso más allá al asegurar que en el estado “la mayoría de las playas están limpias” de sargazo.

“Ni todos los días, ni en todas las playas, hay sargazo. Muchas de las playas están en excelente estado. Todo Cancún, todo Cozumel, toda la parte continental de Isla Mujeres, y yo diría que hasta 200 kilómetros de playa de la Riviera Maya están limpios”, subraya en una entrevista con Animal Político.

Incluso, las playas de Tulum están limpias, añade la funcionaria. Por ello, descarta que la entidad esté ante una catástrofe turística. Por el contrario, asegura que proyectan terminar este 2019 con hasta 20 millones de visitantes, 4% más que el año pasado, gracias a que, además de playas, el estado ofrece otros atractivos como las ruinas arqueológicas, los cenotes, o la variedad gastronómica de la cultura maya.

Sin embargo, tal y como publicó el pasado viernes Animal Político, la situación planteada por la funcionaria de Turismo choca con los reportes que su propia Secretaría publica a diario en sus redes sociales, en los que, por ejemplo, durante toda la semana pasada pudo apreciarse sargazo acumulado en Tulum, tanto en la zona hotelera como en la arqueológica, y también en Playa Del Carmen, incluyendo Playacar.

Mientras que la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún, organización civil que hace reportes diarios de la evolución del sargazo basándose en las imágenes de satélite del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida, también publica a diario en su perfil de Facebook fotografías y videos que dan cuenta de que el problema del sargazo no es cuestión solo de uno pocos kilómetros de costa en Playa Del Carmen, sino que afecta a buena parte del litoral caribeño. Especialmente, a la zona centro-sur que va desde Punta Nizuc hasta Puerto Morelos, Playa Del Carmen, Akumal, Tulum, Mahahual y Xcalak, en la frontera con Belice.

Manuel Velasco y el cobijo del poder


Texto original: Manu Ureste (Animal Político)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma.

En tan solo dos días, la Auditoría —que hoy dirige David Colmenares— le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso, en la que se habían encontrado diversas irregularidades y que, incluso, realizó la misma dependencia, pero durante la pasada administración, la de Juan Manuel Portal.

En la investigación que dirigió Portal, la ASF había documentado irregularidades en el gasto de cientos de millones de pesos en un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de Chiapas, uno de los estados más pobres de México.

Pero el perdón de la Auditoría —ya con Colmenares al frente— se aceleró cuando se supo que en el Senado de la República se iba presentar un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera ante la ciudadanía por esos desvíos millonarios.

Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma.

Mariachis para ‘empoderar’ a las mujeres

Aún bajo la dirección del hoy exauditor Juan Manuel Portal, la Auditoría Superior de la Federación inició en el verano de 2017 una investigación a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) chiapaneca por la contratación de 26 empresas que debían proveer bienes y servicios relacionados con el programa social ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

Este programa estaba enfocado en empoderar a más de 300 mil madres solteras de bajos recursos mediante la entrega de tarjetas-monedero, inscripciones en el Seguro Popular, y la realización de pláticas y talleres para enseñar oficios como peluquería, cocina, y artesanía, entre otros.

Todo lo anterior se realizaría entre mayo y diciembre de 2016 con 80 eventos masivos que concentrarían a las beneficiarias de 122 municipios inscritas en el padrón de la Sedem.

No obstante, la Auditoría detectó múltiples irregularidades en el gasto de los 685 millones que la Sedem pagó a las compañías que organizaron esos eventos, y las documentó en un informe que publicó en febrero de 2018.

En ese informe, la ASF denunció que la SEDEM había adjudicado de manera directa —y no por licitación— contratos con 26 empresas bajo el argumento de que el gasto en servicios de mariachis, payasos y marimbas (animadores de los eventos), era una “causa de fuerza mayor” y una “urgencia” para Chiapas que no podía esperar a una licitación pública, en la que pudieran competir otras empresas.

Además, la Auditoría visitó a las compañías contratadas y se encontró con edificios abandonados, despachos vacíos, y con direcciones inexistentes.

Semanas antes de que se publicara el informe de la fiscalización, en febrero de 2018, el gobierno de Chiapas entregó cajas con documentos con los que pretendían solventar éstas y otras irregularidades observadas. Sin embargo, la Auditoría, aún en la administración de Juan Manuel Portal, determinó que los contratos, facturas, y actas de entrega-recepción enviados por la administración de Velasco no eran prueba suficiente para solventar las irregularidades y mantuvo el pliego de observaciones.

A partir de ese momento y durante los siguientes ocho meses, los señalamientos del informe de la Auditoría permanecieron sin modificaciones. Hasta que en octubre de 2018, —ya con David Colmenares como nuevo auditor—, y el mismo día en que el Senado discutía una propuesta para llamar a cuentas a Manuel Velasco, la Auditoría anunció que había solventado todas las irregularidades y que no había habido gasto anómalo que revisar.

Y no solo eso, las irregularidades señaladas se solventaron con la misma documentación que la misma Auditoría, pero en la administración del auditor Portal, no había dado por válida ocho meses antes.

De hecho, la única novedad que el gobierno de Chiapas aportó en octubre de 2018 en comparación con la documentación que envió meses atrás fue que diez de las empresas contratadas por la Sedem para el programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’ reingresaron a la Hacienda de Chiapas 3 millones 931 mil pesos, o el 0.5% de los 685 millones que recibieron.

Sin embargo, Animal Político detectó que siete de estas 10 empresas están incluidas en las listas negras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de sociedades fantasma, con operaciones irregulares.

Es decir, que empresas que no tienen infraestructura real, activos, ni personal, y que, según el Código Fiscal de la Federación, defraudaron al Estado simulando todas sus operaciones comerciales mediante la emisión ilícita de facturas, regresaron un porcentaje mínimo del dinero a las arcas públicas y esto fue dado por válido por la ASF para solventar las irregularidades de la administración de Manuel Velasco en Chiapas.

Por si fuera poco, la Auditoría también dejó pasar que 22 de las 26 empresas contratadas por la Sedem están en esa lista oficial de empresas fantasma del SAT.

Además, Animal Político documentó que las empresas fantasma forman una red que comparten socios, administradores y direcciones en colonias populares. Mientras que los representantes tienen sus domicilios en rancherías y en barrios pobres, a pesar de que ganaron una fortuna del gobierno chiapaneco.

Todo lo anterior no fue tomado en cuenta por el órgano fiscalizador que ahora dirige David Colmenares, a pesar de que se trata de un modus operandi similar al de otros casos de corrupción, como La Estafa Maestra o Las Empresas Fantasma de Veracruz, en los que la propia Auditoría, pero en la administración pasada, documentó el uso de manera sistemática de sociedades fantasma y de prestanombres pobres para desviar miles de millones del erario.

Simulan comprobación con fotografías

Ahora bien, ¿por qué solventó la Auditoría las irregularidades si las empresas son fantasma?

Isaac Rojkind, el auditor que firmó la solventación, explicó en entrevista con Animal Político que la ASF confirmó que se hicieron los 80 eventos que el gobierno de Chiapas presumió. Y eso fue suficiente, añadió.

Además, Rojkind informó que le notificaron al SAT de las empresas irregulares para que ellos hicieran la investigación y que le pidieron al gobierno de Chiapas que investigara a los funcionarios que aprobaron las adjudicaciones a esas compañías fantasma.

“La solventación no está eximiendo la parte administrativa (de las adjudicaciones), ni la parte fiscal (de las empresas). La solventación está diciendo que los eventos sí se hicieron, que esa parte sí se cumplió”, insistió el auditor, quien no respondió cómo empresas fantasmas, que se crearon precisamente para desviar recursos mediante la simulación en el papel de la realización de servicios, habrían cumplido con todo lo contratado.

Para Rojkind, no obstante, la prueba de que los eventos se hicieron es la documentación que entregó la Sedem.

Entre esos documentos hay fotografías que la Sedem aportó sobre la realización de los 80 eventos masivos del programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

La Sedem también envió esas fotografías a Animal Político, pero sin la fecha de cuándo fueron tomadas, ni el lugar, ni a qué evento de los 80 corresponden.

Tras comparar esas fotografías con las publicadas por el propio Manuel Velasco en su perfil de Facebook, Animal Político detectó que múltiples fotografías que se usaron como prueba de la solventación, o bien fueron tomadas años antes de que tuvieran supuestamente lugar los 80 eventos masivos o, en realidad, son imágenes de eventos distintos al del programa auditado.

Además, este medio también solicitó por transparencia pública a la Sedem —hoy Secretaría de Igualdad de Género— cualquier prueba documental acerca de los bienes y de los servicios realizados en algunos de esos 80 eventos masivos.

Por ejemplo, se le solicitó el currículum vitae de las personas que habrían impartido los talleres de empoderamiento a las madres solteras, así como el listado de asistencia a esos supuestos talleres. También se le pidió la lista de beneficiarias de 600 computadoras portátiles.

Pero la respuesta de la dependencia a las solicitudes fue que la información es “inexistente”.

Aun así, la Auditoría consideró que todos los eventos y todos los bienes y servicios se realizaron y se entregaron conforme a la ley.

En cuanto a los otros documentos que, según dijo el auditor especial Rojkind, probarían “la trazabilidad” de cómo y en qué se gastaron los 685 millones de pesos, se trata de los mismos contratos, facturas, y las actas de entrega-recepción que el Gobierno de Chiapas entregó desde febrero de 2018 a la Auditoría, sin que en ese entonces fueran aceptados como prueba de que se habían gastado bien los recursos.

Aunque, otro detalle que la ASF no detectó o no le pareció suficiente para continuar con las observaciones es que en esa documentación que Chiapas envió como prueba de que ocurrieron los eventos, también hay irregularidades.

Personas que se duplican

Por ejemplo, Animal Político revisó las actas de entrega de recepción, que son los documentos que los representantes de las empresas fantasma firmaron ante un representante de la Sedem para dejar constancia por escrito de que entregaron todos los bienes y cumplieron con todos los servicios contratados.

Dichas actas fueron firmadas por los representantes en los municipios que fungieron como sede de los 80 eventos masivos del programa ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

Tras el análisis de la documentación, Animal Político detectó casos en los que hasta diez representantes de compañías firmaron esas actas comprobatorias estando el mismo día, a la misma hora, en dos lugares distintos y separados por cientos de kilómetros de distancia.

Es decir, según la documentación oficial que la Auditoría dio por buena, estas personas estuvieron en dos sitios a la vez, el mismo día y a la misma hora.

Hay casos más burdos.

Uno de ellos es el de Corporativo Infint SA de CV; una empresa que es un inmueble abandonado, que fue declarada fantasma por el SAT, y que su representante tiene su domicilio en una ranchería pobre de Ocosingo, en Chiapas, y que obtuvo 50 millones de dinero público de la Sedem.

Esta compañía, que no tenía experiencia en contratos con la administración pública, ganó por adjudicación directa un contrato el 8 de junio de 2016 para instalar mamparas y espectaculares alusivos al programa de madres solteras.

Pues bien, la premura por pagarle fue tal, que el Gobierno de Manuel Velasco le transfirió el dinero un día antes del contrato.

Animal Político buscó al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para solicitar entrevista. También buscó a Itzel de León Villard, extitular de la Sedem que firmó contratos con las empresas fantasma. Pero ninguno de los dos dio respuesta.

¿En qué contexto la ASF perdonó a Manuel Velasco? La respuesta está en lo que ocurría en el Senado, cuando se discutía llamarlo a rendir cuentas por estos desvíos. La historia completa en la siguiente entrega de este reportaje.

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Después de la publicación de este reportaje, Animal Político recibió respuesta de la extitular de la Sedem, Itzel de León Villard. La carta se reproduce completa a continuación: