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La vida después de Ayotzinapa


Texto original por Manuel Hernández Borbolla (Huffpost)

Su papá le contaba cuentos por la noche, antes de dormir. Le gusta la misma música que a él y le entristece ver las fotografías donde aparecen juntos. Asegura sentirse enojada. Aunque ha bajado de calificaciones, dice que le gustaría ser maestra como su papá: uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“A veces sueño con mi papá, que es mi cumpleaños. No me lo esperaba, pero él llegó y me desperté. Estaba lleno de tierra”, cuenta la niña de nueve años de edad.

FUNDAR

Han pasado tres años y medio desde la noche de Iguala que provocó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero las heridas todavía no cierran. 

Son los estragos, traumas y las secuelas que dejó la tragedia del 26 de septiembre de 2014, documentados en el informe titulado Yo sólo quería que amaneciera: impactos psicosociales del caso Ayotzinapa y elaborado por Fundar, que da cuenta de los daños que ocasionó este acontecimiento en la vida de muchas personas.

Durante la presentación del documento, en el Centro Cultural Tlatelolco, se respira la tristeza. Ahí están los asientos vacíos de los 43 normalistas desaparecidos, ahí están sus compañeros, sus familiares y una serie de personas y organizaciones que han acompañado a las víctimas en el doloroso trayecto. Lágrimas, ira, impotencia. Apenas un pequeño sorbo del enorme sufrimiento que han tenido que soportar los familiares y sobrevivientes de la tragedia en que elementos del Estado atacaron y desaparecieron a los estudiantes tras entregarlos al crimen organizado.

Pero mientras los daños persisten, el gobierno mexicano se aferra a ocultar y distorsionar los hechos para mantener una “verdad histórica” que ha tenido devastadores efectos en la salud emocional de los familiares y compañeros de los jóvenes desaparecidos y asesinados.

“Cuando los procesos de administración de justicia son obstruidos y se echan a andar mecanismos para ocultar o tergiversar los hechos, estos tienen impactos en la subjetividad de las víctimas. La impunidad perpetúa el impacto traumático desorganizador de las violaciones a los derechos humanos, genera nuevas violaciones en la búsqueda de verdad y justicia y obstaculiza los esfuerzos de las víctimas para canalizar los impactos psicosociales y dar sentido a la vivencia traumática”, señala el informe sobre los efectos de la impunidad en el caso Ayotzinapa.

Un fenómeno que ha dejado una serie de testimonios llenos de dolor que han sido recogidos en el libro.

“Se podría decir que estamos por una parte muertos, porque lo que nos sucedió ahí queda, no te lo pueden quitar, y pues ahí va a estar. Lo bonito sería que alguien llegara y te dijera: No sucedió, no te sucedió y te quitara todo eso. Pero pues desgraciadamente no, ahí está igual ese vacío que sentimos nosotros y toda la escuela, ahí sigue”, dijo uno de los estudiantes sobrevivientes de la tragedia.

Secuelas que han dejado un malestar que persiste y cambió la vida de los involucrados.

“Es la rabia que se vino a incrustar en mí. O sea, al ver cómo nos trataron ese día, tengo esa rabia por dentro que no he sacado de ese día que nos hicieron eso, no era así yo anteriormente”, relató otro de los sobrevivientes.

Algo parecido ocurre con los familiares de los estudiantes asesinados o heridos de gravedad.

“Este dolor que me está acabando y este coraje, esta rabia es lo que me mantiene de pie, decir que no me voy a dejar pisotear y engañar por este gobierno”, aseguró Berta Nava, madre del normalista asesinado Julio César Ramírez Nava en la noche de Iguala.

“Es como enfrentarse a un monstruo… porque pues es algo con lo que no podemos hacer, es forzosamente sobrellevar una situación para la que nunca estábamos preparados. Un monstruo porque el gobierno tiene todas las facilidades como para dar y quitar. Nosotros tenemos que forzosamente cuidar a nuestro hermano y andar luchando, para que seamos escuchados. Es para nosotros algo grande, así lo vemos”, cuenta Ulises, hermano de Aldo Gutiérrez Solano, joven que recibió un disparo en la cabeza y ha quedado en estado vegetal desde entonces.

De acuerdo con los autores del estudio, la evidencia muestra que, a raíz de los hechos del 26 de septiembre de 2014 (las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los atentados a la integridad), la salud de los familiares relacionados con el caso Ayotzinapa se ha ido deteriorando de manera clara.

“La desaparición forzada de cualquier persona implica para sus familiares y seres queridos, entre otras cosas, un primer proceso de daño generado por la angustia y el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la incomprensión de las razones y de la magnitud de la agresión; es el llamado duelo crónico o duelo suspendido, aquel que se caracteriza por una duración excesiva y porque nunca llega a una conclusión satisfactoria. Este proceso se traduce en una situación de estrés que se prolonga en la medida en que no se resuelve aquello que le da origen: la desaparición forzada”, señala el informe.

Sin embargo, el pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó a asumir un compromiso para adoptar medidas para reparar el daño de las víctimas tras los datos obtenidos en el informe de Fundar. Esto, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque el gobierno federal ha insistido en que varios de los responsables por la agresión contra los jóvenes ya han sido detenidos, los padres de los muchachos aseguran que es una simple estrategia del gobierno para lavarse las manos, tal como ocurrió con el ascenso que el presidente Enrique Peña Nieto concedió a Tomás Zerón, el entonces encargado de la investigación federal y quien es señalado de plantar evidencia en la escena del crimen.

De ahí que la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno de Peña Nieto y derrumbada por los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ocasionado más dolor entre las víctimas que hallar consuelo en la interminable búsqueda de sus seres queridos.

Y todo porque, como lo dijo Mario Patrón, director del Centro Prodh, la tragedia del caso Ayotzinapa terminó por conformar “una gran familia integrada por 43 familias” que se han venido apoyando unos a otros desde entonces.

“Al gobierno no le ha importado seguir diciendo mentiras y seguir dándonos dolores”, afirmó Hilda Hernández, madre de César Mario González, durante la presentación del informe de Fundar.

“Mucha gente nos juzgó y nos sigue juzgando, que lo único que hacemos es no querer trabajar o vandalizar a la gente para que nos acompañe a seguir gritando por la presentación con vida de nuestros hijos”, señala Hilda. “No deseo que nadie esté en nuestros zapatos”, agrega.

“Nosotros ya no tenemos una vida, nos vamos muriendo poco a poco”.

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