Desaparecer la democracia


Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

La palabra democracia puede ser familiar para la mayoría de las personas, pero el concepto que encierra es mal interpretado y mal empleado en una época en la que dictadores, regímenes de un solo partido y líderes de golpes militares solicitan el apoyo popular bajo el manto de la democracia. Sin embargo, el poder de la idea democrática ha prevalecido a lo largo de una historia prolongada y turbulenta, y el gobierno
democrático, aunque sometido a constantes desafíos, sigue evolucionando y florece en todo el mundo.

Pero la democracia en México, como casi todo lo que sucede, siempre ha sido ficción.

Manchada por su historia y alejada de su concepto original, la democracia en nuestro país se ha inclinado al poder de una forma sospechosa y siempre beneficiando intereses mayores a los intereses del pueblo.  En 1988, el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, fue el encargado de uno de los procesos electorales más cuestionados de la historia. En ese momento histórico del país, las votaciones no eran controladas por un órgano independiente al gobierno, por lo tanto, la victoria de Carlos Salinas de Gortari se dio en medio de especulaciones por la  “Caída del sistema” y los desplantes por parte del gobierno a los partidos de oposición que denunciaron las inconsistencias del proceso.

Duplicación de credenciales, repartición de boletas electorales antes de tiempo y cruzadas a favor del PRI, el asesinato de Francisco Ovando Hernández, responsable del Cómputo Electoral Nacional y su secretario, quema de urnas donde el PRI perdía terreno e inconsistencias al momento de reportar los números de cada casilla, fueron las denuncias de los partidos de oposición y que se convirtieron prácticamente en el libro de texto priista para elecciones posteriores.

En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

Pero como todo en México, el instituto ha sido señalado en múltiples ocasiones como el culpable de crear un círculo de poder alrededor de sus filas para coordinar, desde la “imparcialidad”, las elecciones a modo, para así, poder extender el poder más allá de la democracia.

Vicente Fox Quesada perdió toda credibilidad en su conflicto con Andrés Manuel López Obrador. El cambio de raíz que prometió el bocazas presidente de la república, incidieron en la vida política del país y favorecieron a López Obrador en su imagen de un “perseguido” de los grandes intereses que mueven al país. Meses después de su salida, Fox Quesada afirmó que el juicio por el desafuero en contra de AMLO fue una pérdida para él y su política interior, pero que se desquitó cuando ganó su candidato en el 2006.

El pacto de la transición, que era para el respeto al voto, tuvo varios ingredientes que lastimaron la sucesión presidencial de 2006. En primer lugar la autonomía del Instituto Federal Electoral quedó comprometida con la renovación de sus consejeros algo que regresó las cuotas partidistas dentro del consejo; la práctica de exclusión por parte del presidente de la República destruyó la equidad de la contienda, y se sumó a otras intervenciones violatorias de la legalidad, como la de los grupos empresariales que hicieron campaña por el candidato del partido gobernante; el agraviado modelo de financiamiento público excesivo y de acceso a los medios masivos generó la campaña sucia más costosa y prolongada que se haya realizado en el país. Todas estas piezas armaron un conflicto que trastocó de manera importante la incipiente y frágil democracia mexicana.

El “cambio” de estructura que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue solamente una simulación estructurada de cambios de fondo y forma de un instituto que seguía teniendo los mismos cimientos de funcionamiento. En el 2018, el “renovado” Instituto Nacional Electoral, se convertía en el centro de la historia de forma desgastada ante la opinión pública. En el 2014, los esfuerzos por darle una credibilidad al organismo se dieron desde el fortalecimiento del Tribunal electoral, pero con una presión social importante provocada por el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los problemas más importantes de la reestructuración del INE ha sido la participación de cuotas partidistas a su financiamiento, algo que desdibuja en inicio al instituto frente a una ciudadanía que solo lo ve como un organizador y no como un organismo constante en la creación de resultados, que hasta ese momento, para la oposición liderada por el mismo Andrés Manuel, dependían de si los mismos le favorecian o no.

Pero desafortunadamente nuestro país vive una historia cíclica de corrupción oscura desde el poder.

Con la presidencia ganada, han sido constantes los mensaje de que México “necesita” adelgazar el aparato burocrático, en un discurso que cada día escala y que desafortunadamente trastoca muchas de las situaciones que ya no controla el gobierno y que tienen en su conjunto un objetivo específico: Desaparecer al INE.

El presidente de México sabe perfectamente el escenario que tiene rumbo al 2021. Una economía reventada, sus planes fallidos en contra del Covid cuestionados no solo de forma nacional sino internacional, la violencia desmedida y la corrupción predominante en las altas esferas políticas del obradorismo, son los grandes problemas, ya electorales, con las cuales el confundido régimen morenista tiene que enfrentar su primer proceso electoral desde su victoria en el 2018.

El poder absoluto y extendido que, según palabras del presidente, le otorgó la mayoría (que no fue mayoría) comienza a desdibujarse al centrar sus esfuerzos en apuntalar berrinches presidenciales y caprichos de gran escala como el Tren Maya o Dos Bocas a base de consultas sin fondo jurídico, completamente fuera de proporción y manipuladas desde la presidencia. 

El 22 de mayo se dió la primera llamada a las puertas del INE. En el Diario Oficial de la Federación se publicó un aviso de consulta ciudadana sobre la propuesta de introducir una Norma Mexicana en los procesos electorales. La propuesta, inconstitucional hasta la entraña, validaba a la Secretaría de Economía para la evaluación de todo tipo de elecciones en el territorio nacional, algo que no fue la primera llamada de alerta en relación al INE, pero sí de la más significativa. El último intento del Ejecutivo, hasta ahora, de penetrar al INE a través de resquicios legales. El presidente tiene el poder en la mano y la ocupa a golpe de espada ya que todos los medios controlados por el poder están en constante campaña en sus  ataques para para deslegitimar al INE y ahora, con uno de sus fanáticos mediáticos más grandes dentro de los candidatos a consejeros electorales, el INE será presionado desde dentro y desde afuera con el presupuesto al cual el mismo Obrador lo ha llamado: “El organismo más rico de México” y pretender, de ser necesario,  regresar el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, para así adelgazar el presupuesto con su “austeridad” y seguir controlando todo. Sí, como en el priismo de antaño.

Tumbar al INE es una de las prioridades del presidente, por que es evidente que se ha convertido en una amenaza. Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la autonomía del INE debe ser protegida de la intención del presidente de tomarlo por asalto, pues asegura que los órganos autónomos son los únicos que pueden garantizar en el país transformaciones democráticas sustantivas en el beneficio de la sociedad. Para Muñoz Ledo son un par de cosas que deben modificarse en el INE: La fiscalización, las últimas elecciones ocultaron que las elecciones locales y municipales fueron un desastre, ya que hubo muchos errores; lo segundo es evitar el ingreso de dinero en las elecciones locales.

Como casi todo lo que sucede en el Obradorismo, las pretensiones del presidente son, desde el poder, regresar a ese priismo flagrante y controlar las elecciones de todo el país de forma artera como lo hizo a mano alzada con Texcoco o sus ideas sacadas de la chistera.

El 2021 se traduce aún más complicado que el 2020, pues ahora la oposición sin rumbo que existe en el país deberá enfrentar a una aceitada maquinaria gubernamental que pretende utilizar el voto del ciudadano como un arma cuando gana  y como un instrumento de lucha si no lo hace.

Por qué López Obrador ha demostrado ser un líder de bastiones enteros, pero nunca ha sido un demócrata, por lo tanto, su prioridad en este momento es desaparecer a su mayor enemigo: La democracia.

Y eso, es lamentable.

Hasta la próxima.

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