¿Gobierno en contra de caseros y dueños de negocios?


La iniciativa de reforma de las diputadas Valentina Batres y Martha Ávila ha disparado un sin número de polémicas en los medios de comunicación y medios especializados.

La reforma, que colocará candados en contra de los dueños de propiedades y flexibiliza la posesión de la prioridad a los inquilinos sin que paguen rentas ha sido el foco de la preocupación de la oposición.

Con el argumento de que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna”, las legisladoras propusieron diversas reformas al Código Civil para la Ciudad de México en materia de arrendamiento, y disponen que, por la crisis de la epidemia, los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar.

Otra de las reformas que se proponen es que ante declaratorias de emergencia ambiental o natural, el arrendatario podrá solicitar al arrendador una renegociación transitoria e incluso facultará a los arrendatarios a exigir un contrato sin posibilidad de desalojo por falta de pago.

La iniciativa reconoce que la sugerencia viene de la Coalición Internacional para el Hábitat Oficina para América Latina del Movimiento Urbano Popular, de la Red de Desalojos de la Ciudad de México, así como de Miguel Aguas y Carlos Escoffié, activistas en derecho a la vivienda.

Fuente: El Financiero

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