México: Entre la militarización y el discurso electoral


Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

En los últimos años, el Ejército Mexicano se ha encontrado en el centro de una polémica que divide a la población mexicana. Para muchos, los cuerpos castrenses tienen la obligación de salvaguardar al país ante la ola de violencia que persiste en cada esquina; para otros, los soldados deben estar guardados en las cuarteles hasta que se los soliciten las circunstancias de cualquier índole.

De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estas instituciones armadas permanentes tienen la misión de:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Y apegándose a la descripción letra por letra, el Ejército Mexicano se encuentra en una encrucijada importante en un país que poco entiende de conceptos y se encuentra, desde el templete, comprometido con una realidad alterna que vive en la cabeza de un ejecutivo que cambia según las pretensiones partidistas.

En el 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador afirmaba que el ejército debía mantenerse en los cuarteles. El discurso, un amplio cartel partidista a favor de la no violencia y una programación per sé en contra de los gobiernos anteriores, llevó al mandatario a lanzarse a combatir la violencia y el narcotráfico con “abrazos y no balazos” en un país que ya suma hasta la fecha más de 53 mil asesinatos.

Entonces, AMLO creo en el 2019 la Guardia Nacional como una iniciativa del ejecutivo para contener una violencia que sigue rebasando a las instituciones, volviéndose, en un esfuerzo más de brindarle al ciudadano una seguridad que sigue sin conocer, ni siquiera de “oídas”. Después de un año, y de aferrarse a una organización sin pies ni cabeza (algo que no debe sorprendernos) el presidente se contradice recula  militarizando la Guardia Nacional a falta de resultados.

Al parecer el plan del gobierno es no tener un plan específico.

Marzo y abril del 2020 se convirtieron en dos de los meses más violentos registrados en México en los últimos años, por lo tanto, en un reconocimiento tácito a la ineficiencia de la nueva “fuerza de México”, el presidente declara el 11 de mayo la militarización en tareas de seguridad pública del país al ejército hasta nuevo aviso.

La preocupación se ha potencializado en las decenas de organizaciones en pro de los derechos humanos que ven cómo el ejército podrá detener a sospechosos, asegurar escenas del crimen y ejecutar órdenes de aprehensión sin ningún tipo de control civil, ya que, como sabemos, el ejército tiene sus propios códigos y medidas y una larga historia de alterar las escenas del crimen, torturar a sospechosos y cometer otros delitos y violaciones de derechos humanos con casi total impunidad, por lo tanto, al existir una segunda militarización del país, el gobierno de López Obrador sólo ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México, algo que al paso del tiempo, puede ser el preámbulo de un estado militarizado con diferentes aristas muy complicadas.

El mandatario aseguró que necesita la disciplina y profesionalidad del ejército para enfrentar el grave problema de la inseguridad en México, todo esto, mientras recibe cartas de la madre de un narcotraficante y libera a su nieto para “salvaguardar” a la población, algo que debe ofender al pueblo mexicano y al mismo ejército que sigue pensando,  en un discurso por allá del 2006, donde el hoy mandatario incitaba a la población a mandar al “diablos las instituciones, las tanquetas y al ejército en su lucha contra la inseguridad, por qué (según él en ese momento) no lo necesitaban.

El doble discurso del presidente ante su evidente incompetencia lo ha orillado a echarse atrás en varios de sus dichos de campaña, todo esto mientras sigue apoyado por una base de fanáticos que sin recelo creen en sus palabras sin mediar, algo que debe preocuparnos demasiado.

En Guerrero, un comando armado emboscó y mató a tres soldados de un contingente militar dedicado a la erradicación de plantíos ilegales. Obrador, en un discurso extraño y fuera de proporción, le pidió al ejército que no respondieran con violencia, ya que el país se encuentra cansado de matanzas innecesarias.

La “política” risible de los “abrazos no balazos” ha cruzado de brazos a la fuerzas del orden que observan cómo grupos delictivos utilizan a la población como carne de cañón, mientras, desde el templete, les ordenan respetar la vida cuando la vida de ellos no es respetada.

En mayo circuló un video de un escuadrón de media docena de soldados que eran secuestrados y desarmados por elementos asociados a una banda del occidente de México. Los soldados son empujados e insultados hasta que aceptan devolver un rifle de francotirador calibre .50 que había sido confiscado en un patrullaje anterior. Este tipo de escenas han despertado la consciencia de decenas de mandos retirados del ejército que ven con preocupación como los soldados se encuentran cansados ante tanta irracionalidad.

“No queremos una paz lograda con autoritarismo, con el uso de la fuerza, no queremos una paz de los sepulcros. Queremos una paz que se origine con la impartición de la justicia”, dijo López Obrador, quien asumió la presidencia el 1ro de diciembre con la promesa de reducir los elevados niveles de violencia y de abusos a los derechos humanos en el marco de una guerra militarizada contra el narcotráfico. “Le tengo mucha confianza a los jóvenes… Nunca más se les dará la espalda, los vamos a abrazar, a proteger” ofreciendo trabajos, programas de capacitación y becas para evitar que sean reclutados por las bandas.

Como siempre, el presidente Obrador ocupa la retórica de su lado, hablando siempre de una “Cuarta transformación” moral, sin embargo, desde sus incongruencias, también conoce perfectamente cuales son los alcances del ejército mexicano.

En 1871, una facción rebelde comandada por Miguel Negrete y Jesús Toledo entraron a la Ciudad de México con la intención de deponer al presidente Benito Juárez.

En pleno cómputo de votos, la facción armada, mató a un coronel de la policía y se pronunció en La Ciudadela gracias a cañones, parque y elementos de guerra confiscado desde los batallones aledaños. El levantamiento fue apoyado por el general Aureliano Rivera con sus fuerzas de caballería. Los combates duraron sólo algunas horas, pero la preocupación de un golpe de estado en México ha seguido vigente por mucho tiempo, desde un pequeño fragmento de la historia que obviamente el presidente conoce y no tiene pensado repetir ante un clima polarizado y tendencioso, en un país que se debate entre discursos y falta de acción.

Pero en política nada es por casualidad.

En 2019, el especialista en seguridad y defensa, Raúl Benitez Manaut, aseguró que el gobierno de AMLO debe recomponer su relación con las fuerzas armadas ante los rumores crecientes de un golpe de estado en México, por lo tanto, desde su tesis, el cree  que el gobierno mexicano “transformador” ha beneficiado al ejército, pero el ejército aún sigue molesto con el presidente que declaró al periódico “La Jornada” que sí por él fuera los desaparecería, pero como lo necesita para combatir la violencia, lo tiene como el niño enojado que le dan todo para tenerlo en paz y sin recelos.

Aduanas: La próxima frontera

Uno de los grandes y graves problemas del país es el trasiego de drogas y armas por todo el territorio nacional y una de las principales entradas al país durante años han sido las aduanas que permite, de forma “legal”, la entrada de millones de dólares en contrabando a la nación.

Los Zetas son un organización criminal que ha pasado de la violencia desmedida al anonimato de la burocracia mexicana y en su mayoría fueron parte del ejército mexicano, y también presuntamente entrenados por los mismos para hacer frente a los cárteles rivales del Cártel del Golfo.

Durante años, los pistoleros de Los Zetas penetraron a las aduanas y doblegaron el sistema, convirtiendo las 48 aduanas del país en el caldo de cultivo perfecto para el trasiego de drogas, armas y prostitución.

Entre el 2000 y el 2012, varios funcionarios al mando de Gustavo Montalvo manejaron de la mano del crimen organizado, el control de las aduanas y las facilidades que les proporcionaba las mismas instituciones mexicanas que fueron doblegadas por asesinatos y ejecuciones a personal que no se alineará con las pretensiones imperantes en ese momento. Ante los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha consolidado su plan de qué ahora, también, el ejército y la marina controlen las aduanas y que provocó la salida de uno de sus más grandes terratenientes como Javier Jiménez Espriú.

El problema de la operación y la cooperación entre lo civil y lo militar es una de las principales preocupaciones en la administración de aduanas. Si bien es imperativo que las mismas se deben blindar ante la imperante corrupción, debemos recordar que las aduanas son las venas por las que fluye el comercio exterior del país, y, en un escenario de contracción económica, es imperativa que no existan barreras que inhiben la funcionalidad de las mismas, en un nuevo proceso de la 4T sin pies ni cabeza.

Hoy, las fuerzas armadas se encargan de la construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales y atención a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, combate al huachicoleo en Pemex, la vigilancia de las fronteras norte y sur a exigencia de los Estados Unidos, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, apoyo a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la distribución de fertilizantes, la vigilancia en la entrega de recursos para programas sociales, la remodelación de 32 hospitales y por supuesto sus proyectos insignia como dos tramos del Tren Maya y el aeropuerto de  Santa Lucía, donde se tiró a la basura el proyecto con 33% de avance del arquitecto Foster, para pedirle al teniente Martínez que hiciera unos planos urgentes sobre las rodillas, todo un desastre.

La mejor manera de abordar la inseguridad en México y combatir las organizaciones criminales de la mano de las fuerzas armadas es a través de investigaciones serias que llevan a condenas para los responsables y el fortalecimiento de las instituciones civiles de la policía y  fiscalías. Los soldados no están facultadas para interactuar con la población civil para prevenir los delitos y la violencia y para llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales, por lo tanto si, deben seguir en los cuarteles hasta que la nación lo demande, y no solamente cuando la improvisación y el discurso electoral aparezcan delante de políticos sin razón ni lógica que en lugar de consolidar el papel de los militares en el país, los relega a ser los “chalanes” de la administración sin pies ni cabeza.

Construir un país desde los cimientos de la ley es muy complicado, sobre todo ellos quieren fundarse en la improvisación, los deseos de control y una democracia disfrazada de progreso. Hoy, México se encuentra caminando peligrosamente entre la militarización y el interminable discurso electoral de un presidente que sigue planchando el terreno para el 2021 y 2024, y para ello se puede valer de todo, incluso del mismo ejército y eso, es muy lamentable… y preocupante.

Hasta la próxima.

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