Outsourcing: Entre la regulación y el berrinche de la 4T


Por Edel López Olán (Permanencias Voluntarias)

En México es evidente que existe un grave vacío en cuanto a los derechos de los trabajadores se refiere, desde la Revolución, cada uno de los gobiernos ha maquillado su lucha y ha pretendido entregar a los trabajadores un esquema legal que les permita un trabajo digno para ellos y para la comunidad.

El Outsourcing es el proceso mediante el cual una compañía y/o organización identifica un proceso dentro de su rutina que podría aumentar la productividad y derivar en optimización, involucrando a terceros que son subcontratados para ejecutar esa tarea o actividad.

En otras palabras, consiste en delegar algunas funciones a una empresa o equipo especializado en ellas, para aumentar la producción, acceder a mejores tecnologías o abaratar los costos dentro de la organización. Las tareas van desde mantenimiento de las instalaciones hasta procesos complejos y meticulosos como la contabilidad o el reclutamiento de talentos.

Abuso del outsourcing le cuesta 500,000 mdp al erario - Tendencias

Normalmente, este proceso tiene como objetivo ayudar a la empresa y crear oportunidades de trabajo reales a un nuevo grupo de trabajadores como los freelance y fomentar la economía regional y nacional,. Una de las ventajas principales que existen en la subcontratación, es la reducción de manufactura, sueldos e inversión tanto en equipos como en maquinaria, por otro lado, una desventaja real proviene de “depender” de un tercero para crear oportunidades de desarrollo interno de la empresa así como una reducción del control y los beneficios de entrega en los productos y servicios.

En México el outsourcing está reconocido en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012, sin embargo, en el 2019, se detectó que de las más de 900 empresas registradas en este ramo, solamente 100 de ellas se encontraban registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social algo que se convierte en un grave problema tanto para el trabajador como para el erario. La regulación del esquema del Outsourcing se ha convertido en uno de los ejes centrales laborales de la “Cuarta transformación” ya qué, según sus argumentos, ayudará a la regulación de las empresas, evitará la simulación laboral y evitará la evasión fiscal de cientos de empresas que la ejercen algo que se plantea en las reformas al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

Pero, como ocurre siempre en México, la “lucha” y la preocupación del gobierno ante la figura del Outsourcing tiene varios clarososcuros que empañan su real aplicación.

En cierta medida, la correcta aplicación en el cobro de impuestos ayuda a cualquier gobierno a mantener finanzas sanas. El presidente de México en su “Mañanera” del día 11 de noviembre del 2020, aseguró que existen más de 21 mil millones de pesos de evasión en este rubro, obviamente, un dinero que le interesa a un gobierno en crisis como el de López Obrador. El mandatario aseguró que existen empresas que se resisten a aplicar las nuevas reformas a la ley de Outsourcing (promovida por el Líder sindical Napoleón Gómez Urrutia) por lo tanto, mandó una iniciativa de ley para desaparecer por completo la contratación de terceros en el territorio nacional.

El mandatario, como es su costumbre, tiene como objetivo arremeter contra empresarios (e indirectamente arremeterá contra trabajadores) sin comprender que existen muchos factores a su alrededor que pueden hacer que le explote el tiro por la culata.

Entre 2 y 4 millones de personas son subcontratadas en México, de las cuales, el gobierno federal es el mayor cliente, tan solo en el 2019, el gobierno a través de la Administración Pública Federal, gastó 33 mil millones de pesos, 8 de cada 10 pesos que gasta el gobierno federal son en outsourcing de las cuales dos tienen la mayoría de esos recursos: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La subcontratación legal es una fuente real de empleo en México, y para muchas empresas ha sido el pilar económico de sus negocios y fuerza de trabajo, algo que será sacrificado, como siempre, por que los empresarios no se rinden a las pretensiones de un gobierno que decide eliminar todo sin ningún tipo de mediación y que obviamente afecta el bolsillo de las empresas y de los trabajadores, por ende, al mismo erario.

La tasa de desempleo en México acumuló en tres meses un 5.1% de índice de desempleo, un total de 2.7 millones de mexicanos desempleados por la pandemia y sus efectos colaterales, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; por lo tanto, así como los fideicomisos, la solución real no es eliminarlo por completo, sino regular el outsourcing legal que representa un impulso para todos, donde, la pequeña y mediana empresa son las que más recurren a ellos con un 23% las pequeñas empresas, un 17. 6% las microempresas y un 31.2% las medianas empresas.

Otro problema real y que deja indefensos a los trabajadores ante el golpeteo gubernamental y empresarial, es que ante la aprobación de la nueva reforma a las pensiones, el outsourcing se convertiría en la opción para la sociedad, pues ayudaría a aumentar la subcontratación y al  desaparecerlo, el empleado se quedaría como se dice coloquialmente, como “el perro de las dos tortas”, algo que en tiempos de pandemia y crisis económicas mundiales, es inadmisible.

El outsourcing es una buena herramienta, y claro que es imperativo una regulación que permita que todos ganen en la productividad de la empresas y oficinas de gobierno. Su desaparición crearía un clima de confusión y crisis a miles de empresarios y empleados que se quedarán fuera de un esquema válido pero que no llena el ojo de un presidente sin conocimiento de nada.

Hoy, la lamentable idea de eliminar todo por parte del gobierno federal nos lleva de nuevo a un punto donde, el trabajador se encuentra caminando en la orilla de un risco tan peligroso como las mismas prerrogativas de un gobierno insensible y fuera de sí, y eso, es muy lamentable.

Hasta la próxima.


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