Por Javier Risco (El Financiero)

En diciembre de 2018 se anunció el plan de desarrollo del Tren Maya, el proyecto más importante del sexenio en materia de comunicaciones y transportes. 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media que abarcará toda la Península de Yucatán, 50 municipios y cinco estados –Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En estos 19 meses hemos visto cómo el gobierno puso la primera piedra, también cómo le pidió permiso a “la tierra” para la construcción –misma que “la tierra” concedió–, reuniones y “consultas” a pueblos originarios y una página de internet con tres mapas y un video de 2 minutos con 23 segundos. Nada más.

El lunes 8 de junio (sí de 2020), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que desde hace 25 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, publicó su postura respecto al proyecto.

Casi 20 meses después, con banderazos de salida en todos los tramos, promesas de inicio para 2024, y con un Presidente que afirma que esta obra reivindicará el sureste del país, en el análisis de lo que se ha publicado el CEMDA señala que “hay poca información oficial existente hasta el momento (mayo 2020), y no se han hecho públicos ni el Proyecto Ejecutivo ni la Manifestación de Impacto Ambiental”. La organización puntualiza varias problemáticas que tienen que ver con los riesgos ambientales que se han pasado por alto, o que aún no se da respuesta oficial sobre cómo lo van a resolver: el primero tiene que ver con la fragmentación del territorio, el proyecto afectará a 23 áreas naturales protegidas, incluidas las Reservas de la Biosfera de Sian Kaan y Calakmul, siete regiones terrestres prioritarias, 11 regiones hidrológicas prioritarias y 10 áreas de importancia para la conservación de las aves; el Tren Maya fragmentará y hará que se pierda la conectividad ecológica. Otro de los problemas tiene que ver con el agotamiento y contaminación del acuífero de la península de Yucatán, el principal foco rojo es el impacto negativo en el anillo de cenotes, denominado en 2013 como Reserva Geohidrogeológica. La CEMDA también suma uno de los problemas más evidentes, la deforestación, “de acuerdo con la Serie VI de la cobertura de uso de suelo y vegetación, publicada por INEGI (2018), el 71% (2,578 ha) de la superficie que será devastada corresponde a selvas húmedas y secas”. Sobre la extinción de flora y fauna, el tren impacta el área donde albergan especies como el árbol de ramón, cedro, ciricote, especies de mangle, especies de palmas; jaguar, ocelote, tapir, mono aullador, mono araña, especies de tortuga, tlacuache, cacomixtle, mapache, puma, cocodrilo, especies de serpientes, especies de murciélagos, especies de iguanas, guacamaya, flamenco, quetzal, tucán, gran variedad de aves residentes y migratorias, la amenaza será constante. Por último, a esta lista de problemas sin resolver y, peor aún, que comenzarán a ocupar las principales páginas de los medios nacionales, se le suma la generación de residuos y ruidos durante la construcción y el desarrollo del proyecto.

En esta columna hemos insistido hasta el cansancio en la transparencia y apertura de documentos e información por parte del gobierno federal, una de las organizaciones más importantes en la defensa del medio ambiente vuelve a levantar la voz para decir que NO pueden revisar ni el proyecto ejecutivo ni el proyecto de impacto ambiental, NO tienen acceso. Ayer el diario El Universal publicó en ocho columnas que el Tren Maya usará diesel, mismo que la industria petrolera mexicana ni siquiera puede producir, se impuso a la opción de hacer un tren eléctrico; así nos iremos enterando en el camino.

¿Por qué 20 meses después seguimos suplicando la publicación del proyecto de impacto ambiental? ¿Por qué las organizaciones ambientalistas publican comunicados una y otra vez pidiendo el proyecto ejecutivo? ¿Por qué se pone una fecha de inauguración si ni siquiera tenemos el tren en papel? Es increíble cómo sigue siendo ese nebuloso Tren Maya.