En los hechos


Por Macario Schettino (El Financiero)

El gobierno decidió cancelar el Seguro Popular y anunciar en su lugar un instituto cuyas siglas son Insabi, porque incluyen la palabra ‘bienestar’ que parece ser la gran referencia de la actual administración.

A diferencia del Seguro Popular, que era un mecanismo de financiamiento para el tratamiento de enfermedades catastróficas, el Insabi se propone funcionar como un sistema de salud, pero no queda claro cómo se coordinará con las otras instituciones que hacen algo similar, especialmente el IMSS y el ISSSTE. No es lo mismo financiar instituciones ya existentes que sustituirlas o complementarlas. El reto en materia organizacional es significativo.

No debe sorprender esto, porque el amplio paraguas ideológico del nuevo gobierno incluye un menosprecio por la administración que es muy conocido. La experiencia y conocimientos son para ellos un sinónimo de tecnocracia y corrupción. En su imaginación, basta con desplazar esos defectos para obtener programas de gobierno eficientes. Así no funciona la realidad.

Al respecto, el actual gobierno es un caso de estudio en términos de su desprecio por la organización. Destruyeron el conocimiento acumulado de la administración pública removiendo varios niveles de mando en todas las secretarías, reduciendo salarios y prestaciones, y eliminando programas muy grandes. A cambio de ello, colocaron a leales sin experiencia, pero dispuestos a ganar menos, y les encargaron la operación de nuevos programas, literalmente hechos sobre las rodillas.

Los resultados no requieren mucha explicación: desabasto de combustible al inicio del gobierno, caída de producción de gasolina el resto del año, avance prácticamente nulo en la construcción de la nueva refinería, conflictos con gasoductos, certificados de energía limpia, subastas y farmouts, en el sector energético. En salud, desabasto de medicamentos y materiales, falta de personal y servicio en hospitales, y ahora cancelación de servicios en lo que entienden cómo reemplazar el Seguro Popular. En educación simplemente se rindieron a los sindicatos. En seguridad, el proceso de construcción de la Guardia Nacional avanza con toda la lentitud posible. En infraestructura, además del aeropuerto cancelado y la cada vez más complicada operación del viejo, nada hay en Santa Lucía que merezca comentario.

Tal vez haya algún logro en la administración pública, pero no alcanzo a verlo. Lo más atractivo, como los aumentos al salario mínimo, no son temas administrativos, y pudieron hacerse sin necesidad de cancelar el aeropuerto, destruir programas sociales, etcétera. ‘Jóvenes construyendo el futuro’, más allá de repartir dinero sin ningún objetivo ulterior, no puede considerarse programa social. ¿Hay algo que no esté considerando?

Aunque el costo humano del experimento Insabi es algo grave en sí mismo, creo que el problema de fondo es esa incapacidad organizativa del gobierno. Insisto, no sorprende, pero puede convertirse en una tragedia de grandes dimensiones. Damos por hecho que la electricidad llegará a las casas, la gasolina a los expendios, las medicinas a los hospitales, y en pocos meses hemos visto cómo eso puede desaparecer con toda facilidad. Aunque muchos científicos sociales suelen despreciar la administración, la verdad es que ésta resulta mucho más importante que la sabiduría de aquellos. Es precisamente cuando el tema administrativo está resuelto que puede uno dedicar tiempo y recursos a pensar en temas más profundos.

Ahí creo que está el mayor riesgo del grupo que hoy está en el poder. No importa mucho lo de izquierda y derecha, cuando las cosas funcionan. Lo dijo el mismo Deng: no importa el color del gato, siempre que cace ratones. Pero si no hay capacidad organizativa, lo que piensen los profesores, activistas y políticos profesionales que hoy ocupan puestos públicos es totalmente irrelevante.

El riesgo de un colapso en la administración pública no es menor.

Destruir es la verdadera ideología gobernante


Por Pablo Hiriart (El Financiero)

Lo de menos es que el presidente López Obrador no pase a la historia como el estadista que supone ser, sino que su frenesí destructivo le causa al país un daño que tomará décadas reparar.

Ningún presidente desea hacerle mal a México, pero AMLO es un gobernante atado a sus obsesiones y fobias.

Esos defectos lo han llevado a ensañarse con los más pobres y a comprometer el futuro del país.

Prometió mejorarlo todo y no ha hecho nada que justifique su llegada al poder.

Al contrario, con sus acciones confirma que no sabe gobernar, sólo destruir.

Día a día varios de los actuales gobernantes nos muestran que eran pura saliva y un baúl de rencores.

Ya estamos en el segundo año de la 4T y no han mejorado la seguridad, sino que la han empeorado.

Prometieron una mejoría inmediata y ganaron votos con ello.

¿Resultados? Nos entregaron el año más sangriento en la historia (a excepción del periodo de la guerra revolucionaria) con mil víctimas más que en 2018 (cifras enero-noviembre).

Sus ahorros para financiar proyectos irrelevantes han golpeado, primero, a los pobres.

Eso sí, reparten dinero en efectivo, sin reglas, y evangelizan a los beneficiarios, lo que hace a Morena un partido de Estado que vulnera la competencia democrática.

Prometieron un sistema de salud de primer mundo, y sólo han destruido lo que ya existía con el Seguro Popular. Ninguna maravilla, pero a partir de ahí había que mejorar y lo demolieron.

Decretaron servicios médicos gratis, y en la realidad le cobran a los más pobres que padecen enfermedades de alta especialidad y carecen de seguridad social.

Los hospitales no lo hacen por gusto, sino porque no reciben recursos para hacer su tarea. El dinero se va a la compra de clientelas electorales, trenes inútiles y una refinería sin viabilidad ni beneficios.

Tendrán que ordenar el caos que provocaron al tirar a patadas el Seguro Popular, más un subejercicio –al tercer trimestre de 2019, según Hacienda– de cinco mil 938 millones de pesos en la Secretaría de Salud, 21 mil 242 millones de pesos en el IMSS y 20 mil 029 millones en el ISSSTE.

Mientras corrigen, si es que lo hacen, las consecuencias de sus rencores y extravíos las pagan los pobres.

En lugar de gastar en medicinas, insumos para tratamientos y personal médico, prefieren ahorrar para hacer dos mil 700 sucursales de un banco.

Llegaron al poder con la bandera de mejorar el destino de los pobres y destruyeron la reforma educativa porque consideraron “punitivo” evaluar a los maestros para mantenerse frente a un grupo o ascender de puesto. Esa facultad se la dieron al SNTE y a la CNTE.

Sin buena educación no hay manera de que los sectores menos favorecidos mejoren sus ingresos, disfruten de movilidad social y eleven su autoestima por la superación que da el conocimiento.

Los sectores populares fueron condenados, en un acto de revancha contra las reformas alcanzadas, a vivir del subsidio del gobierno… siempre y cuando sea de Morena.

Las 100 “universidades” que prometió el Presidente –algunas, dice, ya están en funcionamiento–, siguen el modelo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada por él cuando fue jefe de Gobierno del DF.

El resultado de la UACM es que de cada cien estudiantes sólo se gradúan entre seis y ocho, y sus egresados son los peor evaluados de las 35 universidades públicas que examinó el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES).

Iban a defender como nadie a nuestros paisanos maltratados en Estados Unidos y nos doblegamos como nunca ante el presidente del país vecino.

La “defensa” de los connacionales en EU ha resultado al revés: de 45 representantes de la PGR que había en los consulados, los redujeron a tres, para ahorrar, informó nuestra embajadora en ese país, Martha Bárcena. Su trabajo lo deben hacer los cónsules, que en su mayoría no son abogados.

Llegaron al poder con la promesa de mejorar la economía porque AMLO consideraba “una vergüenza lo que crecía con los neoliberales” (entre dos y tres por ciento anual), y se podía crecer al cuatro por ciento.

En 2019 nos dieron un crecimiento cero y para este año los cálculos son de 1.1 por ciento.

Los anteriores no son números a secas, sino que detrás de ellos está la creación de riqueza, de empleo, de recursos para el gobierno a fin de atender las necesidades de la población.

Con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin lógica económica y sólo por rencor, el Presidente destruyó la confianza de los inversionistas.

AMLO cree que vamos mejor que antes y se mantiene en su postura de no dar confianza al sector privado para que aumente sus inversiones, ni aprovechamos esa joya (para México) pasajera que es la pugna comercial Estados Unidos-China.

¿En qué lógica cabe que tener cero de crecimiento económico es mejor que crecer al dos o tres por ciento? Sólo en la de los soberbios que no admiten errores, porque ese fue un argumento que usaron para ganar: los “conservadores” no saben hacer crecer la economía y ellos sí.

Una gran herramienta para atraer inversiones nuevas está en la reforma energética, que el Presidente sepultó la semana pasada con una declaración lapidaria: “¡Cómo vamos a convocar a nuevas rondas! No tiene sentido”.

Adiós a la apertura en el sector energético, que todavía era una esperanza de rectificación para traer inversiones al país.

Destruir, destruir, destruir. Esa parece ser la auténtica ideología del régimen.

Y, cuidado, sigue la democracia. Lo veremos pronto.

Australia: Una carrera contra el fuego por Edel López Olán


Pobreza mental


El #Rapidín por Edel López Olán

En #México la política es negocio, y cualquiera que piense lo contrario se encuentra muy lejos de la realidad de un país con dirigentes que se han favorecido de la necesidad para mantenerse en el poder.

Y es que la pobreza cala y en nuestro país la generación de “riqueza” para una persona que trabaja 8 horas para medio trabajar y las otras 8 horas para medio sobrellevar el día es casi imposible. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador rebautizó los programas sociales de antaño y los ha puesto sobre la mesa como una salida “fiable” de la pobreza, una herramienta para el progreso y un sustrato para el repunte económico del país, cuando ello, es completamente incorrecto.

El primer año de gobierno fue catastrófico económicamente hablando, sin embargo, era algo lógico pero innecesario. La creación de un paquete económico 2020 que se enfocaría a generar riqueza e inversión era prioritario para detener la caída libre de un gobierno que no entiende la debacle económica en la que se encuentra.

Pero no fue así. La #terquedad le ganó a la razón.

“Los programas de protección social revisten importancia para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestros datos revelan que solo en los países con un nivel sustancial de cobertura y de beneficios se logra una reducción importante de la pobreza”, afirmó Michal Rutkowski, director superior de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo. Según los datos del informe titulado State of Social Safety Nets 2018 (Estado de las redes de protección social 2018) revela que las redes de protección social —que comprenden transferencias monetarias y en especie, pensiones sociales, obras públicas y programas de comedores escolares destinados específicamente a los hogares pobres y vulnerables— reducen la desigualdad y la brecha de pobreza en alrededor del 45 %, pero sus beneficiarios no saldrán de la pobreza. Estos efectos positivos de las transferencias de protección social se observan en los países de ingreso tanto bajo como mediano; palabra clave: “Ingreso”.

México se encuentra en un cambio de régimen y es válido que las piezas se coloquen sobre el tablero para la permanencia de una ideología, sin embargo, ante una deficiente cultura fiscal (que hoy quiere forzarse de una forma extraña al pequeño y mediano empresario y al público en general) y con un gasto fuera de contexto en la aplicación de programas sociales, nuestro país se encuentra saltando de placa a placa en una balanza que puede romperse por su incapacidad de pago y que detonaría un descontento social de años y años de rezago y que hoy, en un dogmático pensar, vendió un esquema como la solución cuando dista mucho de serlo.

Y es que todos queremos terminar con la pobreza, pero aunque se duro de leer para los adeptos del oficialismo, la administración se encuentra más preocupada por planchar todo para el 2021 que por generar los recursos necesarios a largo plazo. Las cosas se ven muy complicadas, pues más allá de pobres y ricos, de deudores y fiscalizados; más allá de programas sociales y pobreza extrema, más allá de eso, lo que tiene que cambiar es la pobreza mental de un gobierno que, como la #Bartola, piensa que se puede hacer mucho con dos pesos y eso, es #lamentable.

Pobreza mental


El #Rapidín por Edel López Olán

En #México la política es negocio, y cualquiera que piense lo contrario se encuentra muy lejos de la realidad de un país con dirigentes que se han favorecido de la necesidad para mantenerse en el poder.

Y es que la pobreza cala y en nuestro país la generación de “riqueza” para una persona que trabaja 8 horas para medio trabajar y las otras 8 horas para medio sobrellevar el día es casi imposible. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador rebautizó los programas sociales de antaño y los ha puesto sobre la mesa como una salida “fiable” de la pobreza, una herramienta para el progreso y un sustrato para el repunte económico del país, cuando ello, es completamente incorrecto.

El primer año de gobierno fue catastrófico económicamente hablando, sin embargo, era algo lógico pero innecesario. La creación de un paquete económico 2020 que se enfocaría a generar riqueza e inversión era prioritario para detener la caída libre de un gobierno que no entiende la debacle económica en la que se encuentra.

Pero no fue así. La #terquedad le ganó a la razón.

“Los programas de protección social revisten importancia para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestros datos revelan que solo en los países con un nivel sustancial de cobertura y de beneficios se logra una reducción importante de la pobreza”, afirmó Michal Rutkowski, director superior de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo. Según los datos del informe titulado State of Social Safety Nets 2018 (Estado de las redes de protección social 2018) revela que las redes de protección social —que comprenden transferencias monetarias y en especie, pensiones sociales, obras públicas y programas de comedores escolares destinados específicamente a los hogares pobres y vulnerables— reducen la desigualdad y la brecha de pobreza en alrededor del 45 %, pero sus beneficiarios no saldrán de la pobreza. Estos efectos positivos de las transferencias de protección social se observan en los países de ingreso tanto bajo como mediano; palabra clave: “Ingreso”.

México se encuentra en un cambio de régimen y es válido que las piezas se coloquen sobre el tablero para la permanencia de una ideología, sin embargo, ante una deficiente cultura fiscal (que hoy quiere forzarse de una forma extraña al pequeño y mediano empresario y al público en general) y con un gasto fuera de contexto en la aplicación de programas sociales, nuestro país se encuentra saltando de placa a placa en una balanza que puede romperse por su incapacidad de pago y que detonaría un descontento social de años y años de rezago y que hoy, en un dogmático pensar, vendió un esquema como la solución cuando dista mucho de serlo.

Y es que todos queremos terminar con la pobreza, pero aunque se duro de leer para los adeptos del oficialismo, la administración se encuentra más preocupada por planchar todo para el 2021 que por generar los recursos necesarios a largo plazo. Las cosas se ven muy complicadas, pues más allá de pobres y ricos, de deudores y fiscalizados; más allá de programas sociales y pobreza extrema, más allá de eso, lo que tiene que cambiar es la pobreza mental de un gobierno que, como la #Bartola, piensa que se puede hacer mucho con dos pesos y eso, es #lamentable.

Australia: Una carrera contra el fuego por Edel López Olán


Año Caliente por Raymundo Riva Palacio


El año arrancó con violencia del crimen organizado. Nada nuevo en el paisaje nacional desde hace dos décadas. Los homicidios dolosos siguen al alza, como ha sido cotidiano desde 2014. Iniciar cada año con crónicas de muerte y zozobra, se ha vuelto normal. No va a cambiar por lo que se refiere a combate a los criminales. El anuncio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de que habría más unidades de la Guardia Nacional en el país, subraya cuál será la estrategia: desplazamiento, desplazamiento, y más desplazamiento. Pero 2020 no parece que estará dentro de lo cotidiano en materia de seguridad, porque hay dos variables que podrán impactar la realidad mexicana, Genaro García Luna y César Duarte, dos altos exfuncionarios bajo proceso en Estados Unidos.

En la Ciudad de México y en Madrid, deberían estar preocupados. El arsenal de información que tienen podría impactar directamente a dos presidencias, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Enrique Peña Nieto, pero no escaparán las de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado mexicano, no sólo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, ONG’s, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado en sus declaraciones ministeriales a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas.

García Luna se declaró inocente el viernes pasado al presentarse en la Corte Federal de Brooklyn, lo que significa que dará la pelea en su juicio. El presidente López Obrador cree que es culpable de los delitos de los que lo acusan –trabajar para el Cártel de Sinaloa–, y que declarará contra Calderón. Es una probabilidad, pero hay más. Por ejemplo, en algo cercano a Palacio Nacional, en la presidencia de Fox reclutaron los hermanos Beltrán Leyva a un subordinado del actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien era responsable de comunicación y logística en Los Pinos, y les proporcionaba la agenda presidencial. Su colaborador fue detenido y liberado poco después porque la entonces PGR excluyó extrañamente del expediente sus conversaciones con Héctor Beltrán Leyva.

En el arranque de este milenio, la Ciudad de México se convirtió en un santuario del crimen organizado, controlado por el Cártel de Sinaloa. La información que podría salir en el eventual juicio de García Luna, es qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde se estableció el acuerdo de seguridad e impunidad entre funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba López Obrador, con esa organización, que fue creciendo desde la capital, primero con el control de la cocaína y más delante de los precursores químicos de las metanfetaminas. Una parte de lo que están planteando los fiscales en Brooklyn está asociado en tiempo y espacio con aquella época, cuya información, de aflorar, involucra a personas vinculadas actualmente a la administración federal y cuyos nombres aún no son conocidos en México, de acuerdo con declaraciones previas de testigos protegidos de la DEA.

La sociedad política y la sociedad civil, incluidos empresarios, religiosos y periodistas, entre muchos otros, podrían verse sacudidas si las cosas, como dice querer el Presidente, comienzan a fluir en Brooklyn. Mucho le ayudaría también a López Obrador conocer a detalle esa información, para que comprenda que la penetración del narcotráfico trasciende su obsesión con Calderón, a quien la gangrena del crimen organizado, que lo amenazaba a él cuando decidió declararle la guerra al narcotráfico, es la misma que pudrirá las entrañas del gobierno actual. Lo que no se sabe en este momento es si tener una información sin filtros, como podría salir si García Luna decide jugar sus cartas llenas de información durante su juicio, le vaya a resultar incómoda para procesar o meta en contradicciones a su gobierno.

A nivel presidencial, sin embargo, el principal problema lo tiene Peña Nieto, porque el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, lleva más de un año hablando con fiscales del Departamento de Justicia. Duarte no ha sido extraditado porque los estadounidenses no han querido. Desde diciembre de 2018 estableció contacto Duarte con la DEA, y le respondió el Departamento de Justicia, instancia superior, que ellos hablarían con él. Estaba en El Paso y se trasladó a Miami, sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con Los Zetas.

La información madre que tiene Duarte tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz Luévano, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde también fue capturado en España. Moreira fue liberado, mientras que Muñoz Luévano, apodado El Mono, fue acusado por fiscales federales en Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadounidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de “alto valor”.

De acuerdo con la información proporcionada por Duarte a los fiscales en Estados Unidos, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le pidió que la obra pública estatal se la diera a Muñoz Luévano, propietario del Grupo Matamoros, que operaba una red de gasolineras en Coahuila. Aunque falta información sobre esa presunta entrega de obra pública, la Fiscalía estadounidense le ha dado valor, al no haberlo extraditado y al usar parte por sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira.

Año caliente el que se vecina y, si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política.