Por Macario Schettino (El Financiero)
El gobierno decidió cancelar el Seguro Popular y anunciar en su lugar un instituto cuyas siglas son Insabi, porque incluyen la palabra ‘bienestar’ que parece ser la gran referencia de la actual administración.
A diferencia del Seguro Popular, que era un mecanismo de financiamiento para el tratamiento de enfermedades catastróficas, el Insabi se propone funcionar como un sistema de salud, pero no queda claro cómo se coordinará con las otras instituciones que hacen algo similar, especialmente el IMSS y el ISSSTE. No es lo mismo financiar instituciones ya existentes que sustituirlas o complementarlas. El reto en materia organizacional es significativo.
No debe sorprender esto, porque el amplio paraguas ideológico del nuevo gobierno incluye un menosprecio por la administración que es muy conocido. La experiencia y conocimientos son para ellos un sinónimo de tecnocracia y corrupción. En su imaginación, basta con desplazar esos defectos para obtener programas de gobierno eficientes. Así no funciona la realidad.
Al respecto, el actual gobierno es un caso de estudio en términos de su desprecio por la organización. Destruyeron el conocimiento acumulado de la administración pública removiendo varios niveles de mando en todas las secretarías, reduciendo salarios y prestaciones, y eliminando programas muy grandes. A cambio de ello, colocaron a leales sin experiencia, pero dispuestos a ganar menos, y les encargaron la operación de nuevos programas, literalmente hechos sobre las rodillas.
Los resultados no requieren mucha explicación: desabasto de combustible al inicio del gobierno, caída de producción de gasolina el resto del año, avance prácticamente nulo en la construcción de la nueva refinería, conflictos con gasoductos, certificados de energía limpia, subastas y farmouts, en el sector energético. En salud, desabasto de medicamentos y materiales, falta de personal y servicio en hospitales, y ahora cancelación de servicios en lo que entienden cómo reemplazar el Seguro Popular. En educación simplemente se rindieron a los sindicatos. En seguridad, el proceso de construcción de la Guardia Nacional avanza con toda la lentitud posible. En infraestructura, además del aeropuerto cancelado y la cada vez más complicada operación del viejo, nada hay en Santa Lucía que merezca comentario.
Tal vez haya algún logro en la administración pública, pero no alcanzo a verlo. Lo más atractivo, como los aumentos al salario mínimo, no son temas administrativos, y pudieron hacerse sin necesidad de cancelar el aeropuerto, destruir programas sociales, etcétera. ‘Jóvenes construyendo el futuro’, más allá de repartir dinero sin ningún objetivo ulterior, no puede considerarse programa social. ¿Hay algo que no esté considerando?
Aunque el costo humano del experimento Insabi es algo grave en sí mismo, creo que el problema de fondo es esa incapacidad organizativa del gobierno. Insisto, no sorprende, pero puede convertirse en una tragedia de grandes dimensiones. Damos por hecho que la electricidad llegará a las casas, la gasolina a los expendios, las medicinas a los hospitales, y en pocos meses hemos visto cómo eso puede desaparecer con toda facilidad. Aunque muchos científicos sociales suelen despreciar la administración, la verdad es que ésta resulta mucho más importante que la sabiduría de aquellos. Es precisamente cuando el tema administrativo está resuelto que puede uno dedicar tiempo y recursos a pensar en temas más profundos.
Ahí creo que está el mayor riesgo del grupo que hoy está en el poder. No importa mucho lo de izquierda y derecha, cuando las cosas funcionan. Lo dijo el mismo Deng: no importa el color del gato, siempre que cace ratones. Pero si no hay capacidad organizativa, lo que piensen los profesores, activistas y políticos profesionales que hoy ocupan puestos públicos es totalmente irrelevante.
El riesgo de un colapso en la administración pública no es menor.
