El año arrancó con violencia del crimen organizado. Nada nuevo en el paisaje nacional desde hace dos décadas. Los homicidios dolosos siguen al alza, como ha sido cotidiano desde 2014. Iniciar cada año con crónicas de muerte y zozobra, se ha vuelto normal. No va a cambiar por lo que se refiere a combate a los criminales. El anuncio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de que habría más unidades de la Guardia Nacional en el país, subraya cuál será la estrategia: desplazamiento, desplazamiento, y más desplazamiento. Pero 2020 no parece que estará dentro de lo cotidiano en materia de seguridad, porque hay dos variables que podrán impactar la realidad mexicana, Genaro García Luna y César Duarte, dos altos exfuncionarios bajo proceso en Estados Unidos.

En la Ciudad de México y en Madrid, deberían estar preocupados. El arsenal de información que tienen podría impactar directamente a dos presidencias, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Enrique Peña Nieto, pero no escaparán las de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado mexicano, no sólo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, ONG’s, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado en sus declaraciones ministeriales a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas.

García Luna se declaró inocente el viernes pasado al presentarse en la Corte Federal de Brooklyn, lo que significa que dará la pelea en su juicio. El presidente López Obrador cree que es culpable de los delitos de los que lo acusan –trabajar para el Cártel de Sinaloa–, y que declarará contra Calderón. Es una probabilidad, pero hay más. Por ejemplo, en algo cercano a Palacio Nacional, en la presidencia de Fox reclutaron los hermanos Beltrán Leyva a un subordinado del actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien era responsable de comunicación y logística en Los Pinos, y les proporcionaba la agenda presidencial. Su colaborador fue detenido y liberado poco después porque la entonces PGR excluyó extrañamente del expediente sus conversaciones con Héctor Beltrán Leyva.

En el arranque de este milenio, la Ciudad de México se convirtió en un santuario del crimen organizado, controlado por el Cártel de Sinaloa. La información que podría salir en el eventual juicio de García Luna, es qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde se estableció el acuerdo de seguridad e impunidad entre funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba López Obrador, con esa organización, que fue creciendo desde la capital, primero con el control de la cocaína y más delante de los precursores químicos de las metanfetaminas. Una parte de lo que están planteando los fiscales en Brooklyn está asociado en tiempo y espacio con aquella época, cuya información, de aflorar, involucra a personas vinculadas actualmente a la administración federal y cuyos nombres aún no son conocidos en México, de acuerdo con declaraciones previas de testigos protegidos de la DEA.

La sociedad política y la sociedad civil, incluidos empresarios, religiosos y periodistas, entre muchos otros, podrían verse sacudidas si las cosas, como dice querer el Presidente, comienzan a fluir en Brooklyn. Mucho le ayudaría también a López Obrador conocer a detalle esa información, para que comprenda que la penetración del narcotráfico trasciende su obsesión con Calderón, a quien la gangrena del crimen organizado, que lo amenazaba a él cuando decidió declararle la guerra al narcotráfico, es la misma que pudrirá las entrañas del gobierno actual. Lo que no se sabe en este momento es si tener una información sin filtros, como podría salir si García Luna decide jugar sus cartas llenas de información durante su juicio, le vaya a resultar incómoda para procesar o meta en contradicciones a su gobierno.

A nivel presidencial, sin embargo, el principal problema lo tiene Peña Nieto, porque el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, lleva más de un año hablando con fiscales del Departamento de Justicia. Duarte no ha sido extraditado porque los estadounidenses no han querido. Desde diciembre de 2018 estableció contacto Duarte con la DEA, y le respondió el Departamento de Justicia, instancia superior, que ellos hablarían con él. Estaba en El Paso y se trasladó a Miami, sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con Los Zetas.

La información madre que tiene Duarte tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz Luévano, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde también fue capturado en España. Moreira fue liberado, mientras que Muñoz Luévano, apodado El Mono, fue acusado por fiscales federales en Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadounidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de “alto valor”.

De acuerdo con la información proporcionada por Duarte a los fiscales en Estados Unidos, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le pidió que la obra pública estatal se la diera a Muñoz Luévano, propietario del Grupo Matamoros, que operaba una red de gasolineras en Coahuila. Aunque falta información sobre esa presunta entrega de obra pública, la Fiscalía estadounidense le ha dado valor, al no haberlo extraditado y al usar parte por sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira.

Año caliente el que se vecina y, si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política.

Por Raymundo Riva Palacio (El Financiero)

Un año después, lo que sostiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es su palabra. Es poderosa y persuasiva, que sin pudor alguno le permite decir mentiras, aceptar que ha incumplido sus promesas de campaña, y actuar igual en muchos aspectos como los gobiernos del pasado que trata con desprecio, y ser peor, en otros aspectos, que todos ellos. Pero la forma como comunica y la maquinaria detrás de su mensaje para machacar el discurso, ha hecho magia para evitar el colapso de su gobierno, que al cumplir un año es un desastre, en función de los resultados. El teatro montado en Palacio Nacional todas las mañanas le ha permitido la gobernanza. No será sexenalmente eterno, pero por ahora, le ha dado el oxígeno suficiente para mediatizar a millones de mexicanos que no alcanzan a ver las contradicciones de su verbo, y permanecen engañados por su eléctrica personalidad.

Lo que para muchos parece una retórica chocante, para la mayoría, a decir de las encuestas de aprobación presidencial, les sigue pareciendo una realidad. Lo más sorprendente es cómo la contradicción más evidente sigue siendo el engaño más notable para los mexicanos. Se trata de su estribillo retórico del neoliberalismo. Ayer se volvió a referir despectivamente a los “gobiernos neoliberales” de los últimos 36 años. Varios funcionarios en su gobierno fueron parte de ese cambio, pero es secundario. Lo relevante es que el sustento del proyecto de López Obrador es tan neoliberal, o más, que los anteriores: el Presupuesto es el más draconiano de este siglo, y el dogma fiscal es el más riguroso. Se ha endeudado como los gobiernos sobre los que vomita todos los días –500 mil millones de pesos este año, mayor para el próximo–, aunque insiste que eso no sucede.

La mentira diaria es parte del estilo para mantener el consenso. López Obrador es políticamente liberal en el discurso, pero profundamente conservador en los hechos. Su política de transferir recursos directamente a la gente es lo más alejado a una visión progresista y de izquierda. Es el ideal de los neoliberales, donde la reducción del papel del gobierno en la vida diaria es fundamental para el modelo. Milton Friedman, premio Nobel de Economía y padre de la Escuela de Chicago, donde la tecnocracia –que critica López Obrador– fue llevada a un nivel superior, propuso en los 50 el “cupón educativo”, donde, como en los programas sociales actuales, se transfería directamente el dinero a los padres para que escogieran las escuelas de sus hijos. La diferencia es que en aquel modelo había supervisión del gasto; en el del Presidente, no la hay, lo que abre las puertas a la corrupción.

La corrupción, precisamente, es la otra trampa del discurso. El mensaje que amartilla su aparato de propaganda es que la falta de crecimiento y desarrollo estaba totalmente asociada con el dinero que se embolsaban en el viejo régimen, que ha demolido, no resuelve la contradicción de por qué sin ese sistema putrefacto, donde todos robaban, el país está hoy peor que hace un año en términos económicos. Si ya no se roban nada, porque López Obrador aseguró hace unos días que la corrupción se había erradicado, por qué se crece a cero por ciento –de más de 2 por ciento el año pasado–, se desplomó la construcción, aumentó el desempleo, hay menos consumo, la producción industrial disminuyó, y la actividad económica en general viene en retroceso. Si la corrupción se acabó debería haber más dinero. ¿Por qué entonces hay menos? Si se cortó la sangría, ¿por qué los recursos no alcanzan? La duda es si es porque la corrupción continúa o porque la incompetencia del gobierno es de epopeya.

Hay un argumento que permite plantear la hipótesis de que no es sólo por incompetencia, sino por corrupción o desvío de dinero para fines electorales, que se puede discutir a partir de otra actitud regresiva que lo caracteriza, la opacidad. La principal herramienta para combatir la corrupción es la transparencia. La mayor urticaria que tiene López Obrador desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México es la transparencia. Hay un asalto y hostigamiento sistemático a los órganos de transparencia y anticorrupción para ser desacreditados, mientras va remplazando a sus titulares por sus empleados. En el discurso, quienes pueden representar un contrapeso o lo critican, son denunciados como corruptos que reaccionan ante la pérdida de privilegios. La maquinaria propagandística de Palacio Nacional trabaja para martillar el adoctrinamiento.

La forma como está transformando un sistema democrático en uno autoritario ha cambiado la visión romántica que se tenía de él en el mundo, y gradualmente está generando dudas en México sobre su honestidad. Aunque se mantiene su aprobación en el rango de 68 por ciento promedio, todas sus políticas públicas han sido reprobadas. Su personalidad, su magia como comunicador, y la propaganda que lo respalda, muestran desgaste.

Un ejemplo fue el mitin que celebró ayer en el Zócalo, donde todo el gobierno presionó a sus burócratas para que acudieran a celebrarlo. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló con los legisladores y operadores políticos en la capital para decirles que tenían que llevar contingentes para mostrar músculo, necesario para que López Obrador proyecte fuerza. Pese al esfuerzo inhibitorio para llevar al mayor número de gente, las autoridades capitalinas estimaron en decenas de miles de personas la asistencia.

López Obrador dijo ante ellos que se ha instaurado una nueva forma de hacer política y un cambio de régimen. La realidad es que no hay una nueva forma de hacer política, ni un nuevo régimen, ni es diferente. Es más de lo mismo y en algunas políticas, peor que antes.